El Ministerio Público solicitó doce años de pena privativa de libertad para el legislador procesado por producción de documentos falsos en Asunción, tras los alegatos finales expuestos por el fiscal Christian Benítez.
La Fiscalía pidió 12 años de prisión para el exsenador, Hernán Rivas, por la gravedad de su conducta dolosa, ante un tribunal que le juzga por supuesto título falso de abogado.
La representación acusadora estuvo integrada por Patricia Sánchez, Luz Guerrero y el fiscal Christian Benítez. A este último le tocó el turno de pedir al tribunal de la causa que aplique los 12 años de prisión de Rivas por haber desplegado su conducta dolosa en varias instituciones del país.
El representante del Ministerio Público explicó que la pena es por la producción y uso de documentos públicos de contenido falso, con elementos agravantes, que consiste en la amenaza a la fiscal Patricia Sánchez para evitar llegar al final del juicio.
Testimonio falso y pedido de remisión de antecedentes a la fiscalía penal
La acusación pública también solicitó la remisión de antecedentes por testimonio falso y frustración de la persecución penal de varios testigos que mintieron en el juicio, como Aurelio Marecos, excoordinador de alumnos y docentes de la universidad; Mario Antúnez, docente; Victorina Elizeche, exalumna; y Ever Rogelio Ortiz, también exalumno.
También solicitó remitir los antecedentes de Nilda Rosa Rojas Melgarejo, auditora del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); Nancy Barúa, ex secretaria general de la Universidad Sudamericana; y de Hermann Weisensee, exasesor jurídico del MEC y exrector de dicha institución universitaria, entre otros.
El fiscal Christian Benítez pidió al tribunal que considere la conducta de Hernán Rivas como un caso especialmente grave por su impacto institucional y constitucional por haber usado documento falso para acceder al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y luego presidirlo, poniendo en descrédito al sistema judicial del país.
Incongruencia académica y ejercicio irregular en el Jurado de Enjuiciamiento
Rivas ejerció funciones con poder para juzgar, sancionar y destituir a magistrados, fiscales y defensores públicos, pese a carecer de la condición de abogado. El procesado no cuenta con la profesión señalada, lo que surge de las distintas incongruencias de documentos y de la incongruencia geográfica, señalaron las conclusiones de los agentes investigadores.
Su certificado de estudio es de Ciudad del Este, pero vivía en Itapúa y trabajaba en la Gobernación de Itapúa, un hecho imposible. No es factible que pueda trabajar de mañana y al mismo tiempo estar cursando en Luque o Ciudad del Este, como a 300 kilómetros de distancia.
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Agregaron que en Pedro Juan Caballero no existió la carrera de derecho, pero el procesado declaró que estudió allí. El encausado no tiene la calidad de abogado por inexistencia de respaldo académico, correspondiente a una tesis que no se acreditó que haya realizado.
Además, los representantes manifestaron que el acusado siguió en la Universidad Sudamericana cuando la carrera de derecho ya estaba clausurada, según confirmaron los testimonios de los testigos.
Documentación pública e impacto en el orden jurídico democrático
El procesado dejó constancia de hechos falsos en varios documentos públicos, resoluciones del Congreso Nacional, acta de juramento en la Corte Suprema de Justicia y en su matrícula de abogado, certificado de estudios y título universitario.
“Hernán David Rivas Román sin ser abogado llegó a ser juez de jueces. Esta causa penal es la más grave y flagrante vulneración del orden jurídico de nuestra era democrática”, concluyó el fiscal Christian Benítez.
El Tribunal de Sentencia que juzga a Hernán Rivas está integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate. El colegiado convocó la continuidad del juicio para este jueves.