El crimen organizado no solo recurre a actos violentos ajenos a la ley para lograr sus objetivos. Los delincuentes no solo empuñan armas, trafican, sobornan y roban. En muchas ocasiones, también se valen de instituciones legalmente constituidas y se amparan en derechos legítimamente reconocidos para evadir a la justicia. Por lo tanto, estas instituciones también se convierten en herramientas para el crimen organizado.
La jueza Rosarito Montanía realizó una declaración acertada hace unos días: «No me gustaría que se convirtiera en una herramienta útil para el crimen organizado». Se refería al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). El contexto de la declaración se enmarca en una denuncia realizada por comisionados del MNP, según la cual supuestamente 17 efectivos militares habrían sido víctimas de tratos inhumanos en la penitenciaría de Viñas Cué. Según entiende la magistrada, la denuncia formulada por las supuestas víctimas no sería más que una represalia, ya que los denunciados habrían sido quienes impidieron el ingreso de un teléfono celular a la celda del investigado por el caso «A Ultranza», Tío Rico.
La misma jueza había declarado que estos comisionados del MNP, en ocasiones anteriores, le habían solicitado que dispusiera el arresto domiciliario de personas vinculadas con el narcotráfico. Se trata entonces de una cuestión recurrente que debe ser examinada con detalle.
Es importante aclarar que creemos firmemente que la tortura y los tratos inhumanos deben ser erradicados de manera definitiva. Paraguay en su historia más reciente cuenta con graves casos de tortura; todos tenemos parientes o conocidos que han padecido estas atrocidades durante la dictadura. Consideramos que los Derechos Humanos son un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Estos derechos son inherentes a la dignidad humana y deben ser respetados y protegidos en todo momento. Si los reclusos de Viñas Cué han sufrido de hecho aquellas vejaciones, se debe actuar con la mayor firmeza. Sin embargo, en algunas ocasiones, se ha observado una tendencia preocupante: la mala utilización de las instituciones de derechos humanos para beneficiar a delincuentes. Esta práctica socava la integridad del sistema de justicia y genera un debate importante sobre el equilibrio entre los derechos individuales y la seguridad pública.
Es innegable que las instituciones de derechos humanos desempeñan un papel crucial en la promoción y protección de los derechos fundamentales de todas las personas, incluso de aquellos que han cometido delitos. Esto incluye garantizar un juicio justo, prohibir la tortura y el trato inhumano, y proteger la dignidad de los presos. Estas salvaguardias son esenciales para prevenir abusos por parte del Estado y garantizar que la justicia se administre de manera equitativa.
Lamentablemente, la vida cotidiana nos lleva a escuchar los reclamos de los ciudadanos comunes: «Los delincuentes tienen más derechos que nosotros, los trabajadores» o «ellos tienen derechos humanos, pero las víctimas no». Estos son reclamos plausibles de ciudadanos que exigen el respeto a la dignidad de los trabajadores y la persecución de los criminales. A estas alturas, es indiscutible que algunos individuos y organizaciones intentan distorsionar estos principios en beneficio de quienes han violado la ley. La táctica de presentar a los delincuentes como víctimas de violaciones de derechos humanos puede tener graves consecuencias. Esto no solo socava la confianza en el sistema de justicia, sino que también pone en riesgo la seguridad pública al permitir que delincuentes peligrosos eviten las consecuencias de sus acciones.
Esta realidad no es exclusiva de nuestro país, sino que parece que en todo el mundo se ha distorsionado la naturaleza de los Derechos Humanos. Uno de los ejemplos más destacados de esta perversión es la forma en que algunos grupos defienden a criminales convictos argumentando que su encarcelamiento es una violación de sus derechos. Si bien es cierto que todos los prisioneros deben ser tratados con dignidad y respeto, es igualmente cierto que la sociedad tiene derecho a protegerse de aquellos que representan una amenaza para la seguridad pública. La defensa de criminales violentos como víctimas de violaciones de Derechos Humanos puede desviar la atención de las verdaderas víctimas y minimizar el impacto devastador de los delitos.
Los Derechos Humanos no deben ser utilizados como un escudo para la impunidad. La defensa legítima de los derechos humanos debe centrarse en la prevención de abusos por parte del Estado y en la garantía de un sistema de justicia imparcial y transparente. No debe ser un pretexto para proteger a delincuentes o para socavar la responsabilidad penal, y lograr así que «ellos» no tengan mejores derechos que «nosotros».
