En un país donde las cifras de abuso infantil son alarmantes, resulta indignante que sean los propios funcionarios del sistema judicial quienes, con sus acciones, pongan en peligro la búsqueda de justicia para las víctimas. El caso que hoy nos ocupa, que se dirime en el Juzgado Penal de Garantías N.º 02 de Fernando de la Mora, es un reflejo preocupante de esta situación. La solicitud de sobreseimiento de un imputado por abuso sexual infantil, impulsada por el fiscal del caso, es una señal inequívoca de que algo está profundamente mal en el Ministerio Público.
Afortunadamente, el juzgado actuó con criterio y devolvió el expediente a la Fiscalía General del Estado para una revisión exhaustiva. Pero este episodio deja al descubierto una peligrosa tendencia: la actuación dudosa de funcionarios que, en lugar de garantizar la protección de los derechos de la infancia, allanan el camino para la impunidad de los agresores. Este caso es especialmente grave porque el imputado es el propio padre de la víctima y, según denuncias, contaría con conexiones políticas que estarían siendo utilizadas para obtener un trato privilegiado.
La justicia debe ser ciega ante el poder, la influencia y las conexiones. No es nuestra intención prejuzgar la culpabilidad o inocencia del imputado, pero la mejor forma de esclarecer los hechos es mediante un proceso judicial completo, transparente y justo. Ahora la decisión está en manos de una fiscal adjunta, lo que será clave para determinar si este caso avanza hacia un juicio oral y público o si, por el contrario, se consagra una maniobra de impunidad.
Es imperativo recordar que la protección de los derechos de los niños y niñas es una responsabilidad sagrada del Estado paraguayo. La negligencia o la complicidad en estos casos no solo revictimiza a los menores, sino que también erosiona la confianza en el sistema judicial y perpetúa la cultura de la impunidad. No podemos permitirnos funcionarios que actúan con parcialidad o desidia cuando está en juego el bienestar de los más vulnerables.
