Las acciones tomadas por la administración de Inácio Lula da Silva respecto a Itaipú demuestran el alto interés de Brasil en el futuro de la hidroeléctrica binacional. En efecto, Lula nombró a sus dos superministros, Fernando Haddad, titular de la cartera de Economía, y Rui Costa dos Santos, ministro jefe de la Casa Civil, como consejeros de Itaipú.
Haddad es economista, quien ya había ocupado el cargo de ministro de Educación, fue intendente de Sao Paulo, candidato a gobernador y presidente. Es del ala más liberal del Partido de los Trabajadores (PT) y el primero en ser elegido por Lula para integrar su gabinete.
Rui Costa dos Santos, reelegido como gobernador del estado de Bahía, dejó el cargo para asumir como ministro jefe del Gabinete Civil. Es considerado un hábil negociador. El cargo de jefe de la casa civil lo ubica como enlace entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
Lula también nombró como consejeros al ministro de RR.EE., Mauro Luiz Lecker Vieira, al ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira de Oliveira, a Esther Dweck, ministra de la cartera de Gestión e Innovación en Servicios Públicos, y a Michele Caputo Neto.
Como se puede ver, el equipo conformado por el presidente brasileño está integrado por los miembros más destacados de su gabinete, ya en perspectiva a la renegociación del Anexo C, que debe producirse este año.
Mientras tanto, por Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez ha perdido cinco años sin poder definir una estrategia concreta para la renegociación del tratado. Todos los análisis y planteamientos sobre Itaipú vinieron mediante acciones de la sociedad civil y profesionales independientes.
La administración de Abdo Benítez ha cambiado cinco cancilleres, y ninguno ha planteado con seriedad uno de los temas más trascendentes para el futuro de la república, como es la renegociación del Anexo C.
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De lo que se desprende de las declaraciones de las autoridades brasileñas, los socios de Paraguay en la binacional ya tienen definidas sus prioridades respecto a Itaipú. En efecto, el director brasileño de la entidad, Enio Verri, declaró en una entrevista a un canal de Youtube que Itaipú seguirá priorizando obras sociales y no menciona ninguna inversión en infraestructura.
La represa hidroeléctrica binacional fue concebida en sus inicios para proveer de energía barata y renovable a brasileños y paraguayos. Sin embargo, el concepto inicial se desnaturalizó y la entidad se convirtió en una fuente de ingresos para sostener la burocracia estatal, y a esto se sumaron los ilegítimos gastos sociales que se convirtieron en una fuente de corrupción, principalmente en Paraguay.
El año 2023 es crucial para Itaipú. El pasado febrero fue saldada la deuda de la entidad y en agosto se cumple el tiempo estipulado para la renegociación del Anexo C.
Se esperaba que con la cancelación de la deuda el precio de la energía de Itaipú bajara, pero las autoridades paraguayas insisten en mantener el mismo costo para las inversiones en infraestructura de la Ande.
Sin embargo, Brasil de forma unilateral, ya durante la administración de Jair Bolsonaro, había bajado el precio de la tarifa sin esperar el consenso de Paraguay.
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Itaipú también está financiando la construcción de dos puentes: uno entre Carmelo Peralta y Puerto Murtinho y otro próximo a inaugurar entre Presidente Franco y Foz de Yguazú. Estas obras deben ser pagadas con recursos de la entidad, lo que contribuirá nuevamente a inflar los gastos de explotación, lo que significará una carga más en el costo de la energía para los usuarios.
A pocos meses del cambio de gobierno, Paraguay no tiene claro el planteamiento que pondrá en la mesa de negociación con Brasil. Al menos a nivel de opinión pública no se conoce tal estrategia. El dilema es simple: o el país utiliza la totalidad de lo que le corresponde por el tratado o venderle el excedente a Brasil a un precio razonable.
Lo preocupante es que los principales candidatos a la presidencia de la república tampoco han planteado públicamente cuál será su postura respecto a Itaipú.
