Todas las autoridades municipales del Paraguay gobernarán un año más sin ser electo, según la ley que quedó promulgada de hecho, porque el Poder Ejecutivo no se pronunció al respecto y ya venció el plazo.
De esta manera, los intendentes y concejales que fueron electos el año pasado estarán en sus cargos hasta el 2026. Ellos fueron electos por 4 años y debían estar sólo hasta el 2025. En la foto de archivo, Oscar «Nenecho» Rodríguez festeja su triunfo electoral en Asunción.
El Congreso Nacional había sancionado la ley bajo el fundamento de que habría que equilibrar de nuevo el calendario electoral del país que quedó mal debido a la pandemia. Las autoridades municipales que fueron electos en el 2015 debían quedarse hasta el 2020, pero por culpa de la pandemia quedaron hasta el 2021, porque al prohibirse la aglomeración de las personas no se podían hacer elecciones.
Posteriormente, hubo elecciones en el 2021 y el mandato de las autoridades estaba previsto sólo hasta 2025, o sea, sólo 4 años. Ahora, estos que fueron electos en el 2021, por ley, se quedarán en sus cargos un año más.
«Había una desigualdad perjudicial al equilibrio democrático del tiempo de duración del mandato entre uno y otro periodo de autoridades municipales, dejando a los actuales con un periodo más corto», decían los fundamentos de la ley, sancionada por el Congreso Nacional.
TSJE se había opuesto, pero ahora acata
Cristhian Ruiz, director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que esta institución ya había remitido su nota de oposición a la ley a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado cuando aquí aún se estaba estudiando el proyecto de ley.
“Habíamos mencionado ciertos puntos, donde observamos cuestiones que creíamos nosotros que tenían que tener en cuenta los legisladores antes de someterla al plenario, de tal manera que ellos puedan dar un dictamen sobre el particular. Habíamos mencionado la necesidad de observar el artículo 2° y 3° de la Constitución Nacional que habla sobre la soberanía y el poder público», recordó.
Sin embargo, el Congreso sancionó la ley, remitió al Poder Ejecutivo y quedó promulgada de hecho, por vencimiento de plazo.
Ruiz dijo que el TSJE acatará la ley porque es la voluntad política de los legisladores, aunque indicó que el organismo electoral vio la necesidad de establecer una postura referente al cumplimiento de los artículos 2° y 3° de la Constitución Nacional.
“Nosotros somos un órgano de cumplimiento por lo que, al ser promulgada la ley, estaremos obligados a cumplir la misma”, señaló.
