«Ninguna entidad del Estado podrá exigir como requisito para gestiones o trámites administrativos la presentación de constancia, certificado u otro documento que haya sido expedido por ella misma o que por su naturaleza debiera constar en sus archivos”, dice la ley sancionada por la Cámara de Diputados en la tarde de este miércoles.
La ley sancionada se llama “De simplificación de trámites administrativos en organismos y entidades del Estado e instituciones de educación superior privadas”.
El Ministerio de Educación y Ciencias es una de las instituciones que exigen que se legalice en el MEC el documento que la misma institución proporciona, por ejemplo, los certificados de estudios.
Según la exposición de motivos, la ley tiene la intención de evitar la burocracia estatal a la hora de la tramitación que cualquier persona realiza en organismos y entidades del Estado.
El objeto de la presente disposición legal es lograr una disminución gradual en el uso e inversión en papel, impresoras, insumos de mantenimiento y otros, y a su vez, introducir en su reemplazo sistemas tecnológicos que aportarán mayor eficiencia, transparencia y seguridad a la gestión pública, dice también los fundamentos.
La ley sancionada establece, igualmente, que tampoco será exigible la presentación de constancias sobre información que obre en fuentes públicas del Sistema de Intercambio de Informaciones (SII) entre organismos y entidades del Estado.
En uso de la palabra el titular de la Comisión de Legislación y Codificación, diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí), pidió el respaldo del plenario, al sostener que con la aprobación se estaría reduciendo la burocracia existente y mejorando la accesibilidad a los servicios.
Por su parte el congresista Pedrito Gómez (PLRA-Central), propuso una modificación en el artículo 1° del documento, con la intención de circunscribir, específicamente, al ámbito de la educación la simplificación de trámites, y desechar la posibilidad que se extienda a todos los organismos del Estado. Sin embargo, el pedido no prosperó.
La propuesta legislativa fue aprobada en la versión de la Cámara de Senadores y, por ende, quedó sancionada, tras la cual se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo.
Fuente: Cámara de Diputados.
