El Congreso Nacional, de la legislatura anterior, había promulgado una ley que facilitaba a delincuentes que tenían expectativa de pena de prisión hasta 12 años ser beneficiados con el procedimiento abreviado en sus procesos judiciales. No prosperó. El Poder Ejecutivo vetó la ley y este miércoles, el nuevo Congreso aceptó el veto. La propia Fiscalía pidió el veto.
De esta manera, la ley penal quedó como estaba: la figura de procedimiento abreviado sólo será aplicable a los delincuentes con expectativa de pena de hasta 5 años. En pocas palabras, esta figura se aplica a delincuentes que admiten su culpabilidad y que se someten a varias medidas dictadas por los jueces. Con ello, inclusive logran la reducción o sustitución de la pena de prisión, según su caso. Se abrevia el proceso ante la admisión de la culpabilidad.
La Cámara de Diputados aceptó el veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Que modifica los artículos 420 y 421 de la Ley Nº 1286/1998, Código Procesal Penal (Procedimiento Abreviado)”.
La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Capital), afirmó que las modificaciones que se habían sancionado, en su momento, representan un instrumento sumamente peligroso para el sistema penal.
Agregó que esas modificaciones estarían beneficiando, incluso, a responsables de casos de homicidios, que si bien tiene un marco de 5 a 20 años de pena, puede ser que tenga una expectativa de 12 años. Explicó que lo mismo ocurriría con los casos de abuso de menores sin coito, cuyas penas van de cuatro a 15 años.
Según el Poder Ejecutivo, el propio Ministerio Público solicitó el veto, con el argumento que la expectativa de pena no coincide con la pena máxima aplicable.
“Las penas estimativas son presentadas por los agentes fiscales y trasladar a éstos la decisión de aplicar el procedimiento abreviado y las salidas alternativas es contrario al Art. 248 de la Constitución Nacional”, es el argumento de Ministerio Público, recogido en la fundamentación del veto por parte del Poder Ejecutivo.
Secundaron la moción, por aceptar la objeción total del Ejecutivo, el diputado Daniel Centurión (ANR-Capital), y Rocío Abed (ANR-Alto Paraná). Para esta última es necesario, igualmente, trabajar en descomprimir el sistema penitenciario, que fue el argumento principal para la sanción de este proyecto.
El veto, inicialmente, ya había sido aceptado por la Cámara de Senadores y con la decisión de la Cámara de Diputados, de este miércoles, finalmente, queda sin efecto y se remite al archivo.
