El Congreso Nacional del Paraguay establecerá una Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio que indagará como propósito principal los hechos relacionados con un presunto espionaje cibernético que el Gobierno de la República Federativa del Brasil habría ejecutado en perjuicio de la República del Paraguay.
La resolución propuesta se fundamentará en la confirmación oficial emitida por Brasil el 31 de marzo de 2025, mediante la Nota a la Prensa N.º 146 del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se reconoció abiertamente la ejecución de una operación de inteligencia en contra de Paraguay.
La operación brasileña de espionaje cibernético a Paraguay tuvo una duración de ocho meses, desde junio de 2022 hasta el 27 de marzo de 2023, y se desarrolló enteramente durante la presidencia de Mario Abdo Benítez.
Esta maniobra de inteligencia, según la versión oficial brasileña, se habría ejecutado sin que el gobierno paraguayo de entonces la detectara, investigara o denunciara en ningún momento, pese a su evidente alcance internacional.
El único antecedente documentado del periodo es el Decreto N.º 9862/2023, emitido el 14 de agosto de 2023, es decir, el último día de gestión del gobierno anterior y cinco meses después de concluida la operación de espionaje, lo cual generará suspicacias sobre la omisión o inacción institucional ante una violación tan grave de la soberanía.
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Califican al espionaje cibernético como grave atentado
El Gobierno, presidido por Santiago Peña, responderá al reconocimiento de Brasil calificando la operación de espionaje como un “grave atentado” a las relaciones bilaterales y ordenará medidas de reacción concretas.
Entre estas medidas, destacará la suspensión inmediata de la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú hasta que se esclarezca plenamente lo ocurrido. Asimismo, el Ejecutivo convocará al embajador brasileño para exigir explicaciones formales ante el agravio detectado.
Durante el período en que se ejecutó la operación de espionaje, se realizó también una negociación entre Paraguay y Brasil que derivó en una considerable reducción de la tarifa energética de Itaipú para el año 2023, lo cual habría representado un perjuicio económico para Paraguay estimado en hasta doscientos millones de dólares estadounidenses.
Este hecho resultará central dentro del objeto de la investigación, dado que coincidió temporalmente con el espionaje encubierto, y levantará sospechas respecto a posibles influencias externas sobre decisiones sensibles para la economía nacional.
Conformación de la comisión bicameral
La Comisión, una vez conformada, se integrará con tres senadores y tres diputados. En su sesión constitutiva designará un presidente, un vicepresidente y un secretario. Este grupo parlamentario enfocará sus tareas en verificar si existían alertas o informes sobre amenazas cibernéticas entre 2018 y 2023, y si las autoridades entregaban esos datos al nuevo Gobierno el 15 de agosto de 2023, fecha del traspaso de mando. Los investigadores también investigarán quiénes negociaban la tarifa de Itaipú con Brasil durante el período del espionaje, y si alguna autoridad paraguaya del gobierno saliente instruía o aprobaba esas gestiones.
Además, la Comisión determinará si la reducción de la tarifa energética produjo un perjuicio directo para Paraguay y beneficiará exclusivamente a Brasil, en circunstancias que ya estaban marcadas por una actividad clandestina de inteligencia. Se habilitará también la posibilidad de realizar otras pesquisas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y al eventual deslinde de responsabilidades políticas o administrativas.
El mandato de la Comisión tendrá una duración de sesenta días hábiles desde su constitución, con posibilidad de prórroga. Durante ese tiempo, sus integrantes deberán presentar informes periódicos a ambas Cámaras del Congreso, detallando el avance de las investigaciones.
La creación de esta instancia especial se motivará en el interés nacional y en la defensa de la soberanía, en el marco de una situación sin precedentes que pone en tela de juicio la relación diplomática entre Paraguay y Brasil, pero que también exige transparencia y rendición de cuentas respecto a las decisiones tomadas por las autoridades paraguayas del periodo en cuestión.
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