El proyecto de ley que establece una pensión equivalente al 25 % de lo equivalente a un salario mínimo, destinado a para personas con problemas de motricidad, quedó aprobado por sanción ficta tras no ser tratado en la Cámara de Senadores dentro del plazo estipulado. La propuesta busca beneficiar a quienes enfrentan grados de discapacidad moderada o grave que les impiden trabajar y que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad social.
Detalles del proyecto de pensión
La iniciativa, impulsada por diputados de diversos sectores, plantea un subsidio de G. 670.093, con la verificación de datos a cargo de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y el Ministerio de Desarrollo Social. Incluye a personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, tanto congénitas como adquiridas, lo que a la larga servirá para una mejor calidad de vida de los afectados con alguna discapacidad motora.
Sin embargo, un proyecto alternativo ha comenzado a debatirse en paralelo, proponiendo una implementación gradual de la pensión. Según este esquema, se alcanzaría la cobertura total en un plazo de cinco años, asignando un 20 % del presupuesto necesario anualmente. Esta medida busca garantizar la sostenibilidad económica y evitar violaciones a la ley de responsabilidad fiscal, aunque no se ha precisado la viabilidad financiera de ambas propuestas.
Sanción ficta
El aplazamiento del debate generó críticas entre sectores que consideran urgente la implementación de medidas concretas para proteger los derechos de las personas con vulnerabilidades.
A pesar del avance por sanción ficta, las discusiones sobre el financiamiento y el alcance del proyecto evidencian la necesidad de un mayor consenso político para su correcta ejecución, quedando pendiente el correcto tratamiento en el Parlamento para que de esta manera se pueda organizar mejor su distribución.
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