Desde las 00:00 de este lunes, comienza a regir el uso de tobilleras electrónicas con el fin de salvar vidas, debido a que será usado por personas con medidas sustitutivas o restricciones de acercamiento en toda la República. Si bien en un principio están autorizadas solo 20 unidades, una vez que el sistema se acomode podrán sumarse más en su primera etapa.
En conversación con la 1020 AM, el director General del 911, Hernán Escobar, dio detalles de este punto de partida importante en el combate contra la violencia de género y la optimización del control de arrestos domiciliarios.
El proyecto, que llevó más de un año en implementarse, se apoya en protocolos estrictos que garantizan una rápida respuesta ante alertas generadas por las tobilleras. Estas funcionan mediante un sistema dual que combina tecnología de radiofrecuencia e Internet para monitorear el cumplimiento de medidas judiciales, como restricciones de acercamiento y zonas de inclusión.
En casos de intento de manipulación o violación del perímetro, el sistema activa una alarma y despliega equipos de respuesta inmediata, como el Grupo Lince.
Su implementación es para salvar vidas
La fase inicial contempla la instalación de 20 dispositivos por mes, evaluando su funcionamiento para ajustar protocolos según sea necesario. Escobar subrayó que la experiencia de otros países, como Uruguay y Chile, fue clave en la adaptación del sistema a la realidad local. Sin embargo, destacó que el verdadero desafío es medir cómo la Policía Nacional, ahora equipada con recursos modernos, responde en situaciones reales.
“Esto es un beneficio para quienes se encuentran en proceso judicial, pero también una responsabilidad. Cualquier intento de violación a las condiciones establecidas significa la pérdida del beneficio y el regreso inmediato a prisión”, enfatizó Escobar.
La medida también busca descongestionar el sistema penitenciario del país, permitiendo que personas con arresto domiciliario cumplan sus condenas bajo vigilancia estricta. Sin embargo, el director del 911 reconoció que existen limitaciones técnicas. Por ejemplo, las zonas sin cobertura de señal o con infraestructura irregular podrían impedir el uso de las tobilleras. En estos casos, se realizarán estudios de factibilidad antes de proceder.
Además, el costo del dispositivo, estimado en dos millones de guaraníes mensuales, será asumido por el procesado. No obstante, las víctimas no deberán pagar por el sistema en situaciones de protección judicial.
Impacto esperado
El programa aspira a reducir los feminicidios y la violencia intrafamiliar, considerada una “pandemia” por las autoridades. Según datos oficiales, el 911 recibe más de 100 denuncias diarias relacionadas con violencia en el ámbito familiar.
Con la implementación de estas medidas tecnológicas, se espera brindar mayor tranquilidad a las víctimas y establecer un precedente en la lucha contra la impunidad.
“Queremos evitar más muertes innecesarias y demostrar que la tecnología puede salvar vidas”, concluyó Escobar.
Transparencia y monitoreo
El sistema también contempla la publicación regular de informes sobre la cantidad de tobilleras activas, los costos asumidos por el Estado y los beneficiarios, como parte de un esfuerzo por mantener la transparencia en el manejo de recursos públicos.
Con este lanzamiento, Paraguay se suma a otros países de la región que ya utilizan la tecnología de tobilleras para reforzar la seguridad y mejorar la eficacia de su sistema judicial.
Las experiencias señalan que luego de la implementación de este sistema, muchas vidas se salvaron y continuaron una vida normal. Algo que también se pretende llegar en Paraguay, con el uso controlado de esta tecnología.
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