Por: Ariel Ojeda, abogado y master en Derecho..
El lavado de activos es un delito que se configura cuando se oculta o disfraza el origen ilícito de bienes o dinero, con el fin de aparentar que los mismos provienen de actividades lícitas. Esta práctica representa una amenaza significativa para la economía y la institucionalidad de los países, al permitir la infiltración de fondos provenientes de actividades delictivas en diversos ámbitos, incluyendo las contrataciones públicas.
En efecto, los recursos generados por actividades ilícitas pueden infiltrarse en el proceso de contratación pública, con el objetivo de obtener contratos o concesiones del Estado, lo que a su vez posibilita el blanqueo de los capitales y genera distorsiones en el sistema de compras públicas, impidiendo la competencia leal y el ingreso de pequeñas y medianas empresas, y por consiguiente, comprometiendo el desarrollo económico del país.
Por tanto, resulta imperativo implementar medidas preventivas sólidas para proteger la integridad y transparencia de las adquisiciones estatales. Entre estas medidas se encuentra la necesidad de establecer mecanismos de control efectivos para la detección temprana de posibles casos de lavado de activos en los procesos de contratación.
Además, es fundamental brindar capacitación a los funcionarios públicos para que puedan identificar señales de alerta y reportar actividades sospechosas a la unidad de inteligencia financiera y al Ministerio Público, que estén relacionadas con este complejo delito. Asimismo, se requiere llevar a cabo una adecuada verificación de los proponentes en las licitaciones, solicitando información precisa sobre el origen de sus recursos financieros.
Los organismos y entidades del Estado deben analizar minuciosamente cualquier antecedente de participación en actividades ilícitas por parte de las empresas que aspiren a ser contratistas públicos, como medida de prevención y control de este tipo de delito.
En resumen, la prevención del lavado de activos en las compras públicas es una tarea ineludible para proteger el presupuesto público, salvaguardar la transparencia y la integridad de las adquisiciones estatales, y evitar que los recursos públicos sean utilizados para financiar actividades delictivas como el crimen organizado y el terrorismo.
