Por Aquilino Vázquez García (*)
Debido a la magnitud de los problemas ambientales manifestados durante las últimas décadas, la sociedad está enfrentando el replanteamiento de cómo llevar a cabo las actividades cotidianas que sustentan nuestro estilo de vida, pero a un menor costo. Es por ello que el sector público y las agencias que lo componen deben procurar que sus operaciones se guíen por criterios y estándares de calidad y cuidado ambiental.
El día a día ha demostrado que los sistemas jurídicos deben ser actualizados y sistematizados para subsanar los vacíos normativos que impiden la adecuada protección, conservación y manejo de los recursos naturales. A partir de dicha actualización, debe definirse un cuadro normativo de cooperación interministerial para que, en conjunto y de acuerdo con sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan para prevenir, controlar, vigilar, abatir la contaminación y restaurar el equilibrio ecológico.
Por otra parte, la idea de conservación de los recursos, no se opone a su aprovechamiento, pues lo que se consagra en las Legislaciones ambientales es el derecho de los Estados a regularlos en búsqueda de un beneficio social. En este orden de ideas, queda implícito que los recursos naturales deben ser utilizados racionalmente, esto es, de tal modo que permita su conservación, protegiendo así, los intereses ambientales de las generaciones presentes y futuras.
¿Cómo debe manejarse las industrias que buscan el desarrollo con la contaminación que también dejan en medio de vida en sociedad?
El marco jurídico que regula el aprovechamiento de los recursos naturales y proteger el medio ambiente busca proteger al mismo tiempo los derechos fundamentales: la vida de las personas, el medio ambiente, y la sustentabilidad de las actividades industriales con un enfoque de sustentabilidad basado en criterios y estándares únicos de regulación y verificación para toda la cadena de valor de los proyectos y actividades del sector industrial.
Consideramos que las disposiciones de las Constituciones, leyes y reglamentos tutelan la protección de los recursos, quedando sujetas las actividades a observar los criterios de sustentabilidad de los recursos naturales, así como los de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que establece la legislación ambiental.
Por ello la importancia de las Leyes Ambientales que regula todo lo relativo al uso y protección del aire, suelo y aguas en nuestros países, incluyendo diversos aspectos relativos a su posible contaminación; Todas tienen por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, preservación, producción, ordenación, manejo y aprovechamiento de los hábitats y ecosistemas de nuestros países y sus recursos, incluyéndose las zonas urbanas.
Gobierno debería trazar una agenda ambiental
El Estado Paraguayo posee riquezas insustituibles y escasas en un mundo globalizado, es por ello que el gobierno debe hacer de la agenda ambiental una prioridad mediante la correcta aplicación de las políticas de protección al medio ambiente y los recursos naturales.
Asimismo, la implementación de los tratados internacionales, el compromiso con las energías limpias y el fomento de la reforestación son temas que no deben olvidarse,pues una mejora en estas áreas conlleva un fortalecimiento para el país y sus ciudadanos.
Conclusión
Es notorio que en Latinoamérica nunca se ha partido de una visión integral; como resultado, tanto las bases constitucionales como las leyes del Derecho Ambiental actual, lo consideran de manera fragmentada y parcial. Tal como es de esperarse, estos problemas se reflejan en toda la legislación ambiental y son el origen de muchas de las deficiencias que afectan a la sociedad.
Se pueden analizar críticamente otros temas y en todos se podrán encontrar lagunas que impidan en la práctica, que la legislación ambiental en nuestros países tenga la fuerza que requiere. En este sentido, las bases para el acceso, procuración, fiscalización e impartición de la Justicia Ambiental, están en proceso de fortalecimiento, ya que es solo el inicio de un proceso de independencia y autonomía de la Justicia Ambiental con doctrina, legislación, política ambiental pero también tribunales y juzgados ambientales que impartan justicia con pleno derecho y facultades con el fin principal de la protección y restauración del medio ambiente.
Finalmente, es objetivo de la academia tener presente y en cuenta que debe ser el espacio para la reflexión y análisis de los problemas ambientales, para que desde lo multi e interdisciplinario de las instituciones de educación superior se establezcan las bases para un marco jurídico integral y moderno, acorde a las necesidades actuales para la protección del medio ambiente y la restauración del equilibrio ecológico.
Abarcando temas trascendentales como las energías renovables, el nuevo sistema de gestión de los hidrocarburos, la responsabilidad y sobre todo el acceso e impartición de la justicia ambiental.
(*) -Presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas.
-Director del Seminario de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México
