La firma del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, resolvería esta semana la recusación pendiente para destrabar el proceso por presunto lavado de dinero contra el banco Atlas, según confirmaron fuentes del Palacio de Justicia.
Paralelamente, la Cámara de Diputados abrió una línea de investigación al solicitar un extenso informe al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las actuaciones de la Superintendencia de Bancos con relación a cuestionadas operaciones fiduciarias de la entidad. El cuestionario, aprobado por 33 votos contra 10, contiene preguntas que apuntan directamente al sistema de supervisión bancaria y a la actividad fiduciaria del banco Atlas.
El aspecto de mayor sensibilidad institucional aparece desde la primera pregunta: ¿por qué, pese a la existencia de sanciones, advertencias, auditorías y causas penales relacionadas con la entidad, no existirían sumarios administrativos en curso contra el banco Atlas? La Cámara pide que, si existen procedimientos abiertos, el BCP detalle su objeto y estado procesal. Los diputados quieren conocer cuáles son los criterios técnicos, jurídicos y regulatorios que utiliza la Superintendencia para decidir cuándo corresponde abrir una investigación o un sumario administrativo y conocer si existen causales de intervención en las operaciones de la entidad.
Punto de conexión entre causas penales y advertencias fiduciarias
Otro de los capítulos más delicados pregunta si una investigación administrativa sobre controles internos, gobierno corporativo, cumplimiento o administración fiduciaria debe esperar a que exista previamente una determinación judicial sobre eventuales responsabilidades penales. El cuestionario solicita expresamente al BCP explicar cuál es el fundamento jurídico de ese criterio, si efectivamente existe. En otras palabras, el Congreso busca determinar si la actuación administrativa puede desarrollarse paralelamente a una causa penal o si existe algún impedimento para ello.
Esta cuestión adquiere especial relevancia por la causa relacionada con los fideicomisos constituidos en el 2016 por Nicolás Leoz. Según el pedido parlamentario, los diputados quieren saber si la acusación del Ministerio Público contra directivos del banco Atlas motivó una revisión extraordinaria de la conducción de la entidad, de las actas del Directorio, de sus políticas de cumplimiento y de la distribución interna de responsabilidades.
Otro de los puntos centrales es la actuación posterior a las advertencias formuladas por la Superintendencia de Bancos en el 2016 sobre riesgos relacionados con operaciones fiduciarias vinculadas a Leoz. La Cámara pide identificar qué dependencia o funcionario verificó el cumplimiento de esas advertencias, qué inspecciones se realizaron posteriormente, qué planes correctivos fueron ordenados y cuáles fueron sus resultados. Además, solicita un detalle de las inspecciones efectuadas sobre la actividad fiduciaria del banco Atlas entre el 2017 y el 2026, incluyendo observaciones, medidas de regularización y eventuales sumarios. El interrogante de fondo es concreto: qué ocurrió después de que el propio organismo supervisor detectara riesgos. Aquí la consulta parlamentaria vuelve a insistir en la revisión minuciosa de las actividades financieras y sobre todo de los contratos de fideicomiso del banco Atlas, varias de las cuales son seriamente cuestionadas y vinculadas a casos de investigación por lavado de dinero.
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Fideicomisos de IPS, Paraqvaria y supervisión bancaria a diez años
El cuestionario también coloca en primer plano el fideicomiso suscripto entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas, con operaciones que llegaron hasta los G. 828.800.000.000. La Cámara pregunta por qué, al menos hasta enero del 2026, no se habría iniciado una investigación administrativa específica sobre esas operaciones o, en caso de que sí se haya actuado, cuáles fueron las medidas adoptadas. Los legisladores también solicitan información sobre la trazabilidad de las instrucciones, los desembolsos y la documentación utilizada para autorizar la liberación de recursos. El requerimiento incluye además una consulta sobre la restitución aproximada de G. 803.000.000 en intereses reclamados por el IPS.
Otro frente sensible corresponde al fideicomiso relacionado con Paraqvaria y el conflicto vinculado con Matrix, que a su vez aparece asociado en el cuestionario a antecedentes relacionados con Darío Messer. La Cámara pregunta si el BCP requirió el legajo completo del fideicomiso después de la comunicación realizada por el banco Atlas en febrero del 2025 y si verificó los procedimientos de debida diligencia utilizados en el 2021. También pide determinar qué información tenía el banco Atlas sobre Paraqvaria cuando aceptó como garantía siete inmuebles presuntamente relacionados con Matrix Realty y Messer, y cuál fue el alcance de las verificaciones efectuadas por el regulador. Aquí el eje vuelve a ser el mismo: qué información estaba disponible, qué controles correspondía realizar y qué hizo efectivamente la autoridad supervisora.
El pedido adquiere una dimensión más amplia cuando exige al BCP informar cuántos sumarios administrativos fueron abiertos contra el banco Atlas durante los últimos diez años, cuál fue su objeto, cuándo se iniciaron, qué resultado tuvieron y qué sanciones fueron aplicadas después del 2017. También solicita conocer las medidas de supervisión ordinaria y extraordinaria implementadas durante ese período. El dato permitirá reconstruir, con información oficial, la trayectoria regulatoria de la entidad y establecer qué tipo de observaciones fueron formuladas, cómo evolucionaron y qué respuestas produjo la autoridad de control. Es importante tener en cuenta que el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar está acusado por la Fiscalía y con pedido de juicio oral por presunto lavado de dinero junto a los integrantes del Directorio Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez y José Páez Corvalán, según consta en la acusación del Ministerio Público sostenida tras la intervención que debe destrabar el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos.