El ministro Víctor Ríos, de la Corte Suprema de Justicia, debe emitir el voto decisivo en la Sala Constitucional sobre la acción promovida por directivos del Banco Atlas. La resolución judicial determinará si el Ministerio Público puede continuar la investigación penal por presunto lavado de dinero relacionado con los fideicomisos del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz en Asunción, destrabando una causa clave para el sistema financiero de Paraguay.
La definición del expediente judicial que involucra al Banco Atlas ingresó en una etapa determinante dentro de la Corte Suprema de Justicia. Todas las miradas dentro del ámbito jurídico y financiero se posan sobre el despacho del ministro Víctor Ríos, cuyo voto en la Sala Constitucional resulta clave para destrabar la traba procesal que mantiene paralizada la investigación iniciada por la Fiscalía.
Acción de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe resolver la medida de urgencia y la acción promovida por la defensa de los directivos del Banco Atlas. Dicha acción procesal fue presentada con el objetivo de suspender los efectos de los requerimientos fiscales emanados del Ministerio Público, imposibilitando el avance de las diligencias investigativas sobre las operaciones financieras sospechosas realizadas en su momento. El ministro Víctor Ríos tiene en sus manos la decisión procesal que destrabará el expediente.
El origen del caso se remonta a las denuncias por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a la constitución de fideicomisos a favor de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, por parte de las autoridades del Banco Atlas. Según los antecedentes que constan en la investigación del Ministerio Público, las transferencias y acuerdos financieros se habrían pactado en Asunción cuando el dirigente deportivo ya se encontraba bajo proceso de extradición solicitado por la justicia de Estados Unidos.
La resolución firme por parte del alto tribunal es esperada con alta expectativa por los distintos sectores institucionales. Una postura favorable a la continuidad de las actuaciones devolverá la competencia plena al Ministerio Público para requerir informes, citar a los involucrados e impulsar el proceso penal en los juzgados correspondientes de Paraguay.