La COPACO apunta a captar inversión privada para recuperar la empresa prácticamente en quiebra. Además, para disminuir gastos, planea 570 retiros voluntarios.
Con el retiro voluntario se busca disminuir el costo salarial y a su vez ahorrar dinero, mientras se analiza el interés de varios empresarios que ofrecen capitalización para operar con la entidad estatal.
El presidente de COPACO, Óscar Stark, dijo que actualmente la institución no tiene “ingresos suficientes ni siquiera para cubrir salarios”. Comentó que el principal ingreso económico en la institución proviene de la venta de líneas bajas, pero aclaró que el 90 % que este rubro representaba en ingreso, disminuyó al 50 %.
Aparte de retiros voluntarios, COPACO también planea despidos justificados porque encontró a un grupo de 100 empleados que no cumplen con sus funciones específicas. Inclusivo, según su presidente, Stark, ya se iniciaron 20 juicios para despidos justificados. COPACO mantiene aún 2.600 empleados, a quienes actualmente la administración ya no puede responder financieramente.
Existen seis empresas privadas que manifestaron a la COPACO su interés de invertir en esta institución. Según Stark, la idea es captar la inversión privada y firmar contratos bajo la modalidad de «riesgo compartido».
Informó que la institución inclusive ya firmó memorándum de entendimiento con tres firmas internacionales: Alianza Global, Rivada Nertwork y Wifo y está en trámite firmar también con otras empresas como Invigo, Walcomm y Promec. Esta última es paraguaya. El Directorio de COPACO está analizando las carpetas y viendo cuál de las empresas ofrece más ventajas para el país.
Las empresas privadas que quieran incorporarse aún tienen tiempo. Pueden comunicarse con Copaco a través de la página web y presentar sus ofertas, indicó.
Además, de la inversión privada, Stark manifestó su intención de que el Estado continúe cubriendo cierta responsabilidad conectando a la mayoría de la población y al mismo gobierno a la red de comunicación.
Concretamente señaló que “la idea es que el país tenga una red nacional de fibra óptica que conecte colegios, escuelas o comisarías y lo lógico es que la red esté administrada por una entidad pública que es parte del Estado”.
