En Paraguay desde 1989 fueron asesinados 20 periodistas y se registraron más de 600 casos de agresiones contra comunicadores sociales. Según la Mesa de Seguridad para Periodistas, Paraguay también registra un alto porcentaje de impunidad “9 de cada 10 crímenes, quedan sin ser castigados”.
En adhesión al Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, cuya conmemoración es el 2 de noviembre, la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, instancia que reúne a gremios de comunicadores e instituciones del Estado, emitió un pronunciamiento en el que señala “no se puede tener una sociedad democrática sin una vigencia efectiva de la Libertad de Expresión y sin el ejercicio libre y seguro del periodismo”.
“Manifestamos enfáticamente la necesidad de que en Paraguay tengan efectiva y plena vigencia los derechos humanos fundamentales, entre los que remarcamos el de libertad de expresión, derecho a la información, derecho al ejercicio libre y seguro del periodismo, libertad de prensa y derecho de acceso a internet. Estos derechos están ligados intrínsecamente a la existencia de la democracia republicana y a la participación ciudadana en la vida política”, señala el pronunciamiento.
El organismo recuerda también que el 2022 en Paraguay ha sido marcado por una serie de actos violentos contra periodistas, entre ellos el repudiable asesinato del colega Humberto Coronel en Pedro Juan Caballero, con el que suman ya 20 periodistas asesinados desde 1991 hasta la fecha.
Agrega que el aumento de la violencia contra periodistas y medios obliga a que Estado y sociedad civil se comprometan a actuar efectivamente en lograr mecanismos que permitan la prevención de estos crímenes y la sanción de quienes los ejecutan.
“Este año se cumple el décimo aniversario del Plan de Acción de Naciones Unidas para luchar contra la impunidad en crímenes contra periodistas. En función a este Plan, los tres poderes del Estado paraguayo firmaron en 2016 una carta de intención como compromiso para cumplir las recomendaciones hechas en dicho Plan. Sin embargo, una de las principales, cual es la de contar con una norma legislativa específica para la protección del ejercicio del periodismo, sigue ausente”, señala en otra parte el documento.
Expresa también que si bien existe un anteproyecto presentado a nivel legislativo, aún debe impulsarse sostenidamente el estudio del mismo en la búsqueda de contar con ese marco institucional apropiado.
“Apuntamos también que, a pesar de no haberse hecho justicia por el asesinato del periodista Santiago Leguizamón, ocurrido el 26 de abril de 1991, finalmente estamos ante la inminencia de un fallo histórico por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo seno se ha radicado y tratado la denuncia del caso, y en cuyo marco el Estado paraguayo ha admitido ya su responsabilidad. Este caso gravitante es un paradigma que debe estimular a que los mecanismos de seguridad y justicia del Estado paraguayo obren cada vez con mayor eficacia y eficiencia en crímenes contra periodistas, a fin de garantizar derechos esenciales para la vida democrática”.
La Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay está Integrada por representantes las siguientes organizaciones:l Sindicato de Periodistas del Paraguay SPP, Foro de Periodistas Paraguayos FOPEP, Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay ARGP, Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP), Red Activa de Comunicadores del Paraguay (RAP), Corte Suprema de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio de Tecnología y Comunicaciones MITIC, Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comisión Nacional de Cooperación UNESCO Paraguay.
