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viernes, 22 de noviembre de 2024
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Censura judicial a la prensa: el caso de Itapúa genera preocupación de organizaciones

Un periodista de Itapúa carga encima varias semanas ya de censura impuesta por una Jueza de Paz, a partir de denuncias que realizó en contra suya una autoridad pública, la directora del Hospital Distrital de Tomás Romero Pereira. Es el nuevo estilo de censura que acecha y ya causa problemas a la libertad de prensa y el periodismo: la censura vía judicial.

Según la Mesa para la Seguridad de Periodistas, desde 2022 hasta ahora se verifica un total de 6 casos en los cuales periodistas o medios de comunicación han recibido prohibiciones de publicaciones (censura) a través de medidas cautelares impuestas por jueces por denuncias echar en el marco de la Ley 5.777 que protege a mujeres contra toda forma de violencia.

El caso de Itapúa afecta al periodista Fredy Chamorro, quien presentó su situación en un reciente taller sobre “Periodismo libre y seguro para la Democracia” organizado de forma conjunta por el CIDSEP, el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) y la Red Activa Paraguay Asociación de Comunicadores (RAP), con apoyo de UNESCO. Dicho encuentro reunió a periodistas, comunicadores y defensores públicos de Itapúa y se celebró en Encarnación, y en la oportunidad Chamorro mencionó que a raíz de unas investigaciones que estaban realizando desde su medio sobre las irregularidades en el hospital público de la localidad, la directora del mismo, Dra. Claudia Vega formuló denuncias en contra suya y de otros dos colegas, Hernán Núñez y Álvaro Báez, y la jueza de paz Vilma Saucedo determinó medidas cautelares que prohibieron a los periodistas cualquier tipo de publicación sobre la citada funcionaria pública.

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El día de ayer, Chamorro recibió la notificación por la cual la jueza Laura Centurión, titular del juzgado a cargo, ratificó la medida de censura en contra de Chamorro, aunque revirtió la que afectaba a los otros dos colegas.

Varios expertos en materia de libertad de expresión manifestaron su crítica por el uso de la citada Ley 5.777 para imponer medidas de censura que, según ellos, atentan abiertamente contra la Constitución Nacional, que garantiza la libertad de expresión y de prensa “sin censura alguna”, según su artículo 26.

“Nueva censura por medio de la ley 5777. Claramente, la jueza Laura Centurión calificó el hecho de publicar las carencias del centro de salud de Tomás Romero Pereira como violencia telemática contra su directora”, dijo en un post en X (ex twitter) el abogado Ezequiel Santagada. Por su parte, la Mesa para la Seguridad de Periodistas, en la misma red, calificó de “mordaza judicial” el hecho.