Una ley para la protección de periodistas es necesaria y urgente, pero el actual proyecto que estudia el Congreso tiene muchas “debilidades” y mezcla innecesariamente “peras y sandías” al incluir también a defensores de Derechos Humanos. Esto sostuvieron periodistas y expertos que analizaron en un conversatorio dicha propuesta normativa que es requerida al Estado paraguayo como parte de la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del asesinato del periodista Santiago Leguizamón, ocurrido en 1991.
“Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas, aportes desde la academia” se tituló el panel que organizaron UNINORTE y el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP) y que incluyó como disertantes a las periodistas Patricia Vargas (Telefuturo) y Marta Escurra (ABC, presidenta del Foro de Periodistas Paraguayos) y a los abogados Federico Legal Aguilar y Élida Acosta Dávalos. El evento contó con el auspicio de UNESCO y el apoyo de la Mesa para la Seguridad de Periodistas y el Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP)
“El periodista, haciendo bien su tarea, pregunta investiga e incomoda al poder. Y eso genera riesgos. Por eso el Estado debe proteger su tarea”, mencionó Patricia Vargas en su ponencia, señalando que la ley en cuestión es necesaria por la realidad que se vive en el país. Agregó que “aparte de los peligros que sufre el periodismo bien hecho, no podemos dejar de mencionar el contexto de precarización de esta profesión, los malos pagos, los contratos leoninos, las condiciones laborales”.
Marta Escurra, dirigente del Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP), por su parte se preguntó retóricamente: “¿Necesitamos una ley para proteger a periodistas? Sí, la necesitamos. Pero que sea para periodistas y no se mezclen los tantos”.
“Estoy de acuerdo con que haya una ley de protección, pero no estoy de acuerdo con que se mezclen los tantos. No se puede poner en la misma ley a periodistas y a defensores de derechos humanos, como se pretende, porque la naturaleza y modalidad del trabajo es totalmente distinta. Si vamos a crear un mecanismo de protección para periodistas, pues debemos concentrarnos en eso, y no mezclar”, manifestó Escurra.
Dijo además que “la Corte Interamericana de Derechos humanos, cuando resolvió el caso de Santiago Leguizamón, conmino al estado paraguayo a que tenga una ley de protección a periodistas. Y allí hay que hacer una autocrítica. Como periodistas no nos hemos involucrado lo suficiente y dejamos que otras instancias que se dedican a derechos humanos tomen esa bandera, se metan como furgón de cola del periodismo y saquen un proyecto de ley que tiene estas debilidades Hay que tener mucho cuidado. Los políticos estarán felices porque van a “mostrar” una ley así, pero…”
A su turno, el abogado Federico Legal Aguilar enumeró una serie de debilidades y cuestiones que podrían afectar a la Constitución en dicho proyecto. “A mi modo de ver este proyecto de ley se concentra excesivamente en la institucionalización, crea un mecanismo bastante complejo y lo hace con cuestiones que pueden ser anticonstitucionales, como integrar a un camarista judicial en un órgano y una función, conociendo que por la Constitución no pueden dedicarse a otra actividad que no sea la jurisdiccional. También se otorgan al mecanismo atribuciones y poderes bastante amplios que podrían colisionar incluso con derechos constitucionales”.
Finalmente, Élida Acosta Dávalos, abogada, comunicadores y catedrática de UNINORTE, habló sobre la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, sus acciones y composición, y manifestó: “Éste es el momento de conocer, involucrarnos y debatir sobre el proyecto de ley con miras a garantizar un marco normativo efectivo”.
