Desde hace mucho, introducir celulares a las penitenciarías del país, es un problema que ha facilitado delitos como extorsiones y estafas desde las entrañas de los penales. Ahora el Viceministerio de Política Penal y la Cámara de Diputados ponen bajo la lupa esa práctica. Ambas instituciones impulsan un proyecto de ley que propone sanciones más severas para quienes intenten introducir celulares en las cárceles del país, sin autorización.
El viceministro Víctor Benítez explicó a la 650 AM que, hasta ahora, castigaban estas acciones únicamente con sanciones administrativas, como la suspensión de visitas o la prohibición de ingreso a los penales. Sin embargo, el aumento de delitos coordinados desde las cárceles motivó la elaboración de esta propuesta para imponer penas de prisión. Sin embargo, el aumento de delitos coordinados desde las cárceles, motivó a la elaboración de esta propuesta, que busca imponer penas de prisión.
Altas expectativas por introducir celulares en las cárceles
El proyecto plantea un esquema de sanciones escalonado, atendiendo a la responsabilidad de los infractores. Benítez explicó que las penas oscilarían entre 2 y 7 años de prisión, dependiendo de quién cometa la infracción. Las penas propuestas son de 2 a 4 años para visitantes comunes, hasta 5 años para proveedores o empresas vinculadas al Ministerio de Justicia, y hasta 7 años para funcionarios penitenciarios. Este último grupo enfrenta sanciones más severas debido a su rol en la custodia y seguridad de los penales.
Además, el viceministro enfatizó la necesidad de atacar el problema desde varios frentes. “El ingreso de celulares no solo depende de los visitantes, sino también de la complicidad de algunos funcionarios. Por eso, este proyecto busca tanto disuadir como fortalecer los controles internos en los penales”, señaló.
La preocupación por este tema no es nueva. A lo largo de los años, las autoridades han enfrentado dificultades para contener la entrada de dispositivos tecnológicos a las penitenciarías, que son luego empleados para organizar crímenes desde el interior. Benítez aseguró que, con penas más estrictas y medidas complementarias, se espera reducir considerablemente estos casos.
Finalmente, destacó que, además de la aprobación de esta futura ley, será imprescindible reforzar los mecanismos de control en las cárceles para garantizar su efectividad. “Debemos trabajar de manera integral, atacando todas las aristas de este problema, para devolver la seguridad tanto dentro como fuera de los penales”, concluyó el viceministro.
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