Luego de casi 3 décadas de monopolios en el sector de los juegos de azar, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que busca liberalizar este mercado. La propuesta, presentada por el Poder Ejecutivo el pasado 4 de noviembre, obtuvo media sanción en la última sesión ordinaria, tras incorporar modificaciones sugeridas por los legisladores.
El documento original se centraba en la eliminación de los monopolios que actualmente controlan concesiones como las apuestas deportivas y la quiniela. Según los fundamentos del proyecto, la medida pretende abrir el mercado para que más personas y empresas puedan competir en condiciones equitativas, promoviendo una mayor diversidad de oferentes y estimulando la competencia tanto a nivel nacional como departamental y municipal.
Fortalecimiento del ente regulador de los juegos de azar
Uno de los ejes centrales de la propuesta es el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), la entidad encargada de regular el sector. El proyecto plantea mejorar su capacidad reguladora, lo que, a su vez, permitiría un control más eficaz y una mayor recaudación para las arcas del Estado.
Durante el debate en la Cámara Baja, los diputados realizaron ajustes al texto, buscando equilibrar los intereses de diferentes sectores. Aunque no se detallaron públicamente todas las modificaciones, los cambios apuntan a garantizar una transición ordenada hacia un mercado más competitivo y evitar vacíos legales que puedan generar conflictos.
Con la aprobación en Diputados, el proyecto fue remitido al Senado, donde enfrentará un análisis más exhaustivo. De obtener la sanción definitiva, la ley transformaría significativamente el panorama de los juegos de azar en Paraguay, un sector que históricamente ha operado bajo esquemas cerrados.
El proyecto busca, en última instancia, liberalizar un mercado estratégico, eliminar prácticas monopólicas y asegurar mayor transparencia en las concesiones. Con ello, no solo se espera modernizar el sector, sino también garantizar mayores ingresos para el Estado y fomentar una regulación más robusta en favor de los usuarios y de la industria en general.
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