Contraloría pide ayuda a otras instituciones por el caso Marito

Debido a que cerca del 89% de las utilidades de las empresas constructoras ligadas al ex presidente Mario Abdo Benítez, fueron destinadas a reservas operativas, esto lleva a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a sospechar, que el dinero no fue correctamente utilizado. Es por esta razón, que la Contraloría General de la República (CGR), cree conveniente la participación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y el Ministerio Público con el fin de analizar los documentos.

En uno de los casos que llama la atención es que la DNIT no tiene trazabilidad del destino de las utilidades generadas por las empresas Aldia S.A y Createc SA, en el periodo que va desde el 2018 hasta el 2023. En el informe mencionan que en dicho periodo, el 89% de esas utilidades, unos 45 millones de dólares, fueron a reservas operativas.

En este estudio se muestran una alta tendencia en ambas sociedades de retener una porción de sus utilidades en Reservas Operativas en vez de distribuirlas entre sus accionistas que a cada uno debería corresponder la tributación del 9%.

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A criterio de la CGR, es fundamental esclarecer el destino de estas reservas, por la razón de impactar en la evaluación de su patrimonio y las obligaciones tributarias correspondientes, mientras que para la DNIT, el aumento permanente del volumen destinado a “reservas operativas”, sin evidencia de las disminuciones que corresponde, hace presumir que las mismas no fueron aplicadas para los fines previstos.

Seprelad y Ministerio Público

A fin de esclarecer las dudas que tiene DNIT, en necesario llevar adelante un análisis documental de los contribuyentes de los movimientos financieros respectivos y ello requiere que participen la Seprelad y la Fiscalía.
En este caso, la Contraloría explicó que no se puede perder de vista que el resultado del análisis de las documentaciones que pudieran justificar los hallazgos visualizados, sugiriendo que sean llevados a cabo por los órganos competentes para el efecto.

Esto otorgaría a la Contraloría General de la República, un panorama integral de la situación, ya que en estas circunstancias este Organismo Superior de Control se encuentra ante una perspectiva parcial y con la imposibilidad de concluir adecuadamente. Es por esta razón que es fundamental la participación de ambas instituciones, tanto la Seprelad, como el Ministerio Público.