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viernes, 22 de noviembre de 2024
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Critican silencio de Mario Abdo Benítez ante el asesinato de periodista

Santiago Ortíz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), criticó el silencio del presidente Mario Abdo Benítez, y de los voceros del gobierno ante el asesinato del periodista Humberto Coronel, en Pedro Juan Caballero.  

“No hemos visto un solo tuit del gobierno repudiando el hecho. No hemos escuchado al presidente o a voceros del gobierno repudiando el hecho. Hemos escuchado solo algunas voces, de algunos sectores de los partidos políticos de oposición repudiando el crimen, pero nunca condena firme, nunca una reacción real”, lamentó Ortíz. 

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El dirigente sindical fue uno de los expositores del Panel Internacional sobre “Libertad de expresión e información Pública. Derechos humanos fundamentales para la Democracia”, que se desarrolló en el aula Magna de la Facultad de Derecho (UNA). 

Ortíz señaló también que el ejercicio de la libertad de expresión en Paraguay se torna cada vez más complicado, porque hacer críticas puede costar la vida, sin que los actores políticos ni la misma sociedad se inmute, ante la gravedad del hecho. 

“No hay un discurso público permanente de protección y de promoción de la libertad de expresión. Hay un contexto donde el ejercicio de la libertad de expresión es cada vez más complicado a causa de la cooptación que hay del debate público, del modelo de país que tenemos, donde hacer críticas puede costarte cada vez más caro y en algunos lugares la vida”, remarcó Ortíz. 

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Hizo hizo referencia al crimen contra Santiago Leguizamón, asesinado en 1991, en Pedro Juan Caballero, durante el gobierno de Andrés Rodríguez y señaló que en aquella ocasión la misma sociedad se conmocionó ante el hecho y hubo diferentes reacciones de condena pública desde diferentes sectores. 

Mencionó que en los 33 años de democracia se registraron 20 casos de periodistas asesinados, la mayoría siguen impune, algunos ni siquiera fueron investigados y la cada vez hay menos reacción social y de los actores políticos para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.  

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