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viernes, 22 de noviembre de 2024
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Criptominería ilegal, 64 denuncias y sólo una condena

El lucrativo negocio de las granjas de criptominería ilegal genera un incontrolable robo de energía en Paraguay, causando graves perjuicios en el suministro de energía eléctrica. Se han registrados 64 denuncias, pero se confirma una sola condena por el robo de energía en nuestro país.

Esta sustracción perpetrada por esas operaciones ilegales tienen directas incidencias en la población, que sufre cortes de luz debido al alto consumo de electricidad de as instalaciones irregulares.

De acuerdo con Hugo Rolón, gerente Comercial de la ANDE, el 80% de la criptominería ilegal se encuentra en la zona Este, mientras que el resto se distribuye en Central y otros puntos del país.

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La Ande informó que la instalación ilegal de granjas de criptomonedas generaron un perjuicio estimado en 75 mil millones de guaraníes en un lapso de un año, desde abril de 2023 hasta el mismo mes de 2024.

Nelson Medina, asesor legal de la Ande, sostuvo que se presentaron 64 denuncias ante el Ministerio Público, sin embargo, durante los procedimientos llevados a cabo, no se logró allanar todos los lugares afectados y las máquinas incautadas fueron devueltas nuevamente.

Penas ridículas

De todas las intervenciones y procedimientos llevados a cabo por la Fiscalía sólo se condenó, con penas ridículas, a dos personas a dos años de prisión por la sustracción clandestina de energía eléctrica para la minería de criptomonedas, informó la Ande.

Las dos personas, identificadas como Edgar Noel Saavedra y Rodrigo Suárez, se trata de un hecho “sin precedencia” en la institución judicial. La sentencia se produjo en marzo de 2023.

El robo de energía se registró en el año 2019 en la localidad de San Estanislao, representó “un daño patrimonial al Estado de más de 3.800 millones de guaraníes”, 527.000 dólares, apuntó la Ande.

El descontrol de las granjas de criptominerías en Paraguay genera un grave inconveniente que requiere acciones contundentes por parte de las autoridades para combatir el flajelo, la operación ilegal y las conexiones clandestinas que ponen en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico.

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