En una operación coordinada, el Ministerio Público llevó a cabo tres allanamientos simultáneos en la sede de la Dirección Nacional de Aeronaútica Civil (DINAC), ubicado en el Ministerio de Defensa, así como en las instalaciones de las empresas EISA y Avalón S.A. Los fiscales anticorrupción encargados de la diligencia fueron Jorge Arce, Diego Arzamendia y Luz Guerrero.
La investigación, centrada en licitaciones presuntamente irregulares, se enfoca en posibles inconsistencias relacionadas con obras ejecutadas, revelando una disparidad entre lo certificado y lo efectivamente pagado. El perjuicio económico al Estado paraguayo se cuantifica en G. 5.516 millones. Se trata de dos licitaciones: una se refiere a obras ejecutadas en el Aeropuerto Guaraní de Minga Guazu, que data del 2016 y otra del 2018, en el primer caso estaba como presidente de la Dinac, el señor Luis Aguirre, y en el 2018, el señor Edgar Melgarejo.
Las investigaciones tienen como base una denuncia presentada por la Contraloría General de la República, que señaló pagos superiores a la ejecución real de obras. La discrepancia entre lo certificado y lo pagado alcanzó la suma de G. 724.252.749, un excedente que, según la denuncia, fue indebidamente abonado.
La empresa beneficiaria de la licitación fue Avalón S.A. En relación con esta adjudicación, la DINAC, aparentemente, impuso una multa inferior por retraso en la ejecución de los trabajos, cifrada en G. 80.086.752. Además, respecto a la ejecución de la «Ampliación Del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – Espigón Norte», asignada a Estructura Ingeniería S.A., se descubrió que el pago correspondiente al acta de medición del certificado N° 9, de enero de 2020, se realizó el 15 de septiembre de 2020.
No obstante, las verificaciones realizadas in situ por auditores de la CGR entre el 2 de octubre de 2020 y el 10 de diciembre de 2020 evidenciaron discrepancias entre las cantidades certificadas y las efectivamente ejecutadas. Esta discrepancia se traduce en un pago excesivo de G. 4.712.406.205, según los hallazgos de la Contraloría General de la República.
