La Procuraduría General de la República informó que el Estado paraguayo se libró de pagar un monto aproximado de 8.223.496.352 guaraníes, suma de dinero reclamada, por el pago de una indemnización de daños y perjuicios, con los correspondientes montos de los intereses y el probable costo en honorarios profesionales. Hubo un juicio y se probó que hubo prescripción.
Según el informe, el caso se enmarca en el juicio promovido ante el fuero civil por el señor Víctor Manuel Benítez Fleitas, quien reclamó al Estado paraguayo inicialmente el pago de una millonaria suma indemnizatoria (G. 3.086.898.030), alegando error judicial porque el mismo fue imputado por la Fiscalía por la supuesta comisión de los hechos punibles de extorsión, estafa y producción de documentos no auténticos en noviembre del 2017, de los cuales resultó sobreseído.
Ante el reclamo, la Procuraduría General de la República, en representación del Estado paraguayo, tomó intervención rechazando el reclamo y opuso las excepciones de falta de acción, prescripción y beneficio de exclusión. Este juicio estuvo a cargo del Procurador Delegado Alejandro Apuril Llamosas.
El accionante admitió los fundamentos de la representación del Estado paraguayo. Ante la solidez de los argumentos, el accionante se allanó a las defensas opuestas, considerando que conforme con los plazos estipulados en la legislación civil, había expirado su derecho a reclamar.
En consecuencia, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno dictó resolución favorable para el Estado y, resolvió: «Declarar la prescripción de la presente acción promovida por VICTOR MANUEL BENITEZ FLEITAS contra la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, por la suma de guaraníes TRES MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA (Gs. 3.086.898.030), más el 3,5% mensual».
Con los intereses y el costo de los honorarios profesionales y gastos judiciales el Estado pudo haber pagado más de 8 mil millones de guaraníes, informó la Procuraduría.
