La acusación presentada por el fiscal, Osmar Legal, contra la fiscala suspendida, Ana Girala, revela lo que en voz baja se comenta en los pasillos de los tribunales: pedido de dinero a cambio de resoluciones judiciales. Lo que nunca se pudo probar, ahora se prueba en este caso, en que se pide juicio. El juez, José Delmás, fijó audiencia preliminar el 4 de setiembre a las 8 para Girala y otros 5 acusados.
La acusación es por supuesto extorsión, coima y persecución de inocentes, montado en la Unidad Fiscal 1 de San Lorenzo. El caso de la fiscal, Girala quedó registrado gran parte en el teléfono. Allí se supo quienes operaban.
En principio, el fiscal Legal citó el caso de una persona a quien el equipo de Girala pedía dinero a cambio de una salida procesal a favor de su hijo, que estaba acusado de tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y perturbación de la paz pública. Le pidieron al padre del procesado 25 millones de guaraníes que luego subió a 32.500.000 guaraníes, según la investigación.
Profundizando la investigación, el fiscal Legal pudo lograr más casos. En su escrito de acusación dijo: «Este no es el único caso, causa penal, ni la única oportunidad en que las acusadas negociaron «salidas procesales» a cambio de solicitar y recibir sumas de dinero para repartirse entre ellas».
Entonces, el fiscal Legal acusó también a la asistente fiscal, Christi Magalí Ortega Domínguez; a la secretaria fiscal, Griselda Beatriz Acha Alcaraz y al abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, soborno agravado y asociación criminal.
EL TELÉFONO CELULAR «CREÓ PROBLEMAS»
El teléfono celular de los acusados «creó problemas», se diría en la jerga popular. El fiscal Legal fue sacando información de los teléfonos y confirmó que había como 28 casos en que el «equipo de aprietes» funcionaba para hacer lo mismo. En mucha ocasión, el dinero se recibía en la propia oficina de la Fiscalía y luego se repartían entre ellos, según Legal.
OTRO EJEMPLO
Entre octubre y diciembre del año pasado hubo un caso de producción de documentos no auténticos. Aquí, el denunciante debía pagar 30 millones de guaraníes para que la Fiscalía pueda imputar al denunciado, y la fiscal Girala y su secretaria, Griselda Beatriz Acha Alcaraz, recibieron la mitad.
Según los datos presentados por el fiscal Legal, la secretaria Acha Alcaraz, en una comunicación con Girala, dijo: «Me dijo que quiere una imputación y va ver algo si es así». A este mensaje, la fiscal Girala respondió: «no hay luego nada grátis».
Esta es una de las tantas pruebas que el fiscal Legal presentó contra la fiscal Girala y los otros procesados en su escrito de acusación ante el juez, José Delmás, que ya fijó fecha para la audiencia preliminar.
Hubo un caso, citado en el escrito de acusación del fiscal Legal, donde se transcribe la conversación entre dos funcionarias, una le pide a la otra que pida a la fiscal, Girala, que haga precio en un caso de alcotest, porque el procesado no era gente de dinero.
Tres abogados también fueron acusados: Marcos A. Velazco Mendoza, por soborno agravado, tráfico de influencias y asociación criminal; Liz E. Martínez Robles fue acusada por extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal y Nélida V. Alcaraz Bogarín fue acusada por tráfico de influencias.
