El fallo de un Tribunal de la ciudad de Villarrica sobre ataque a la libertad de prensa fue celebrado por el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos @CIDH, Pedro Vaca.
El relator reaccionó ante la portada de La Tribuna, que destacó la condena a quien amenazó de muerte a la propia libertad de prensa, en Villarrica.
LA HISTORIA
En Villarrica, Paraguay se realizó el jueves 3 de agosto el juicio oral y público sobre amedrentamientos que buscan acallar periodistas. Un Tribunal de primera instancia de esta ciudad condenó al ciudadano español, Alex Castro García (foto), a dos años de prisión por coacción al periodista guaireño, Pablo Gastón Ortiz, jefe de prensa de Canal 8. La denuncia fue que el español coaccionaba al periodista para que deje de publicar sobre sus antecedentes.
Gastón celebró el fallo, que es la máxima pena para el delito de coacción; porque, según dijo, no tiene precedentes. «Estoy muy satisfecho con la condena porque es el primer ataque a la libertad de prensa que llega a un juicio oral y público, con excepción de los asesinatos. Es un precedente ejemplificador», señaló, al comentar la sentencia.
Es posible que el condenado apele el fallo, a lo que Gastón respondió que si es por él, que se apele y que el caso llegue, inclusive, a la Corte Suprema de Justicia «para que se forme una jurisprudencia».
LA CONDENA FUE CON SUSPENSIÓN
La condena fue con suspensión, para lo cual, el condenado debe cumplir los siguientes requisitos:
-Donar G. 5 millones a los Bomberos Negros de Villarrica.
-Donar G. 5 millones al Hogar de Niños Tesape Porã de Villarrica.
-Arreglar tres plazas de Villarrica.
-No acercarse ni contactar con la víctima, prohibición de salir del país, firmar el libro de comparecencia una vez al mes en el Juzgado y prohibición de portar armas.
La Fiscalía había pedido un año y medio de condena a prisión, pero el Tribunal elevó a dos, que es la máxima.
COMENZÓ EL LUNES
El juicio arrancó el lunes 24 de julio pasado en Villarrica y culminó este jueves 3. El tribunal está conformado por los jueces Porfirio Martínez (presidente), Julio Alfonzo Vera y Víctor Ortigoza.
El jefe de Prensa de Canal 8 de Villarrica, sostuvo que este es el primer caso de un amedrentamiento que busca limitar la labor de un trabajador de prensa que llega a la instancia de juicio oral y público.
Según la acusación, en julio del año 2022, Gastón Ortiz fue amenazado de muerte en una entrevista presencial, en una cafetería céntrica de Villarrica. El español Álex Castro le pidió que deje de publicar en el canal de televisión por cable temas relacionados sobre él de forma crítica. Y como el periodista se negó, lo amenazó, sostiene la Fiscalía.
Igualmente, los amedrentamientos siguieron a través de terceros, colegas del comunicador que le hacían llegar las amenazas contra su vida, contó la víctima en juicio. Y hasta se filtró un audio en donde se le escucha al español decir que pagó G. 7 millones para asesinar al periodista y a la fiscala que interinó inicialmente esta investigación, Sussy Riquelme.
LA PUBLICACIÓN
El ciudadano extranjero se presentó como un concejal del ayuntamiento de Mollet del Vallès, en España, y como nexo de un grupo empresarial que supuestamente iba a donar G. 6.000 millones al municipio guaireño para reconstruir la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Pero, de acuerdo a las publicaciones periodísticas de Gastón Ortiz, el hombre mintió porque no es concejal y, además, el comunicador cuestionaba que no haya presentado ninguna acreditación o documento relacionado con este supuesto grupo de empresarios o la donación. Se sospechaba de alguna estafa y meses después el español fue denunciado por estafa e imputado en una investigación abierta que está a cargo de la fiscala de Villarrica, Noelia Soto.
Para el Ministerio Público, la conducta se encuentra en el tipo penal de coacción, ya que el periodista Gastón Ortiz, si bien cuenta con cobertura policial, decidió dejar de indagar y publicar sobre el ciudadano español por el temor a que él o su familia sean víctimas de un ataque, explicó la fiscala acusadora, Sonia Sanguinés.
En tanto que defensa técnica de Alex Castro sostiene que la conducta descripta en la acusación se encuadra en una amenaza simple, que es un delito de acción penal privada y en donde el Tribunal de Sentencia no tiene competencia para juzgar, explicó uno de sus abogados, Jesús González. Sin embargo, se impuso la tesis de la Fiscalía y el Tribunal de Villarrica falló aplicando la pena máxima, más de lo que sugirió el Ministerio Público.
