La exjueza civil y comercial Tania Irún compareció en la mañana del lunes ante la justicia en una audiencia preliminar desarrollada, bajo la acusación del Ministerio Público por el presunto hecho punible de prevaricato.
El caso gira en torno a una resolución judicial que, según sostiene la Fiscalía, permitió la transferencia irregular de más de 310 000 hectáreas de tierras ubicadas en zonas de seguridad fronteriza, en el departamento de Alto Paraguay.
La audiencia tuvo lugar ante el juez penal de garantía Osmar Legal, quien interina a su par Humberto Otazú, y será el encargado de resolver si este caso avanza hacia un juicio oral y público.
La posición de la defensa de Tania Irún
La defensa de Tania Irún quien enfrenta prevaricato, por su lado, sostuvo su posición ante los incidentes planteados por el Ministerio Público, que ratificó la acusación promovida por la propia Fiscalía General del Estado.
La acusación contra la exmagistrada había sido presentada el año pasado, y si bien en un primer momento un juez ya había determinado la elevación a juicio oral, la Cámara de Apelaciones anuló aquella decisión mediante un fallo firmado por los jueces Cristóbal Sánchez y Agustín Lobera Cañete, quienes ordenaron que se lleve a cabo una nueva audiencia preliminar.
Este proceso se desarrolló bajo la expectativa de que, hacia el mediodía, el juez Legal defina si el caso pasa a la siguiente etapa judicial.
El proceso ha estado marcado por una serie de elementos controvertidos y documentos cuestionados, entre ellos un escrito presentado por el representante legal de la Fundación para el Desarrollo Sustentable de América del Norte y Sur, en el que se alega que la organización ha habitado los inmuebles en cuestión desde hace cuarenta años.
Estos terrenos, en disputa, también figuran en un contrato de arrendamiento con la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, lo que añade una capa más al ya complejo entramado judicial.
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Juicio paralelo sobre más hectáreas de terreno
Por otro lado, en el fuero civil y comercial se tramita un juicio paralelo donde se discute la titularidad de al menos 80 000 hectáreas, habitadas por colonos japoneses asentados hace décadas en Puerto Ledesma.
Recientemente, se llevó a cabo una constitución judicial en la propiedad para confirmar la presencia continua de estos colonos y de ciudadanos paraguayos y pueblos originarios.
Este conflicto agrario se encuentra bajo análisis de un juez identificado como Von Luchen, quien deberá decidir si da lugar a una tercería que podría modificar el curso del juicio principal.
Juicio con componente institucional
Este conflicto judicial también tiene un fuerte componente institucional. La exmagistrada Irún fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, decisión que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
El motivo: haber violado presuntamente la Ley de Seguridad Fronteriza al emitir un fallo que favoreció a empresas denominadas offshore.
Los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel de Jesús Ramírez Candia votaron a favor de su destitución, destacando que la exjueza Tania Irún, actuó con prevaricato mientras se encontraba en licencia por maternidad, retornando únicamente para firmar la resolución que otorgó las tierras.
La Corte aún no se ha expedido sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por Irún contra esta decisión.
Posible prevaricato de Tania Irún
El proceso penal que se le sigue actualmente a la exjueza se encuadra dentro del tipo penal de prevaricato, que contempla una pena de hasta cinco años de prisión. No obstante, más allá de la expectativa de pena, el caso ha generado un profundo debate sobre la necesidad de garantizar seguridad jurídica en Paraguay.
Según los antecedentes, la Asociación Espíritu Santo habría recibido las tierras mediante un juicio civil tramitado por un valor de 15 millones de dólares, mientras que su tasación actual superaría los 600 millones de dólares, hecho que, según los fiscales, evidencia una transacción desproporcionada e irregular.
La audiencia de este lunes cobra especial relevancia en un contexto en el que se cuestiona la transparencia del sistema judicial y la protección de territorios estratégicos del país.
Las decisiones adoptadas por Irún no solo motivaron su destitución, sino que también colocaron en el centro del debate la necesidad de revisar profundamente los mecanismos de adjudicación de tierras y el cumplimiento estricto de la legislación nacional en zonas fronterizas.
En el transcurso de la jornada, el juez Osmar Legal evaluó la acusación, así como los incidentes presentados por la defensa, para determinar si corresponde someter a juicio oral a la exmagistrada. De elevarse la causa, Irún enfrentaría un proceso judicial con repercusiones institucionales importantes, tanto para el fuero civil como para la política de uso y adjudicación de tierras en zonas sensibles del territorio nacional.
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