El Juzgado Penal de Garantías N.º 02 de Fernando de la Mora resolvió no hacer lugar al sobreseimiento provisional del imputado en un caso de abuso sexual infantil, quien sería el padre biológico de la víctima, rechazando así la solicitud del fiscal Rolando Rivas, de la Unidad Penal N.º 4 de la Fiscalía Zonal de la mencionada ciudad.
En su lugar, el juez ordenó remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado (FGE), de conformidad con el artículo 358 del Código Procesal Penal, que establece que, cuando el Ministerio Público no acusa y el juez considera que existen elementos para un juicio oral, debe elevar el caso a la máxima instancia fiscal para que determine si formula acusación o ratifica el pedido de sobreseimiento en un plazo de diez días hábiles.
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El sobreseimiento no prosperó en el caso de abuso infantil
El juzgado determinó que existen indicios suficientes para que el caso se debata en una audiencia pública, lo que impide que el sobreseimiento solicitado por el fiscal Rivas prospere sin una revisión de mayor jerarquía dentro del Ministerio Público.
Con esta decisión, la causa entra en una fase avanzada, pues dentro del plazo establecido la Fiscalía General deberá definir si el imputado enfrentará un juicio oral y público o si se ratificará el pedido de sobreseimiento, lo que llevaría al juzgado a resolver en última instancia sobre el futuro del proceso.
La fiscal adjunta Gilda Villalba Tottil fue la designada para analizar el expediente y decidir si el caso debe pasar a juicio oral o si ratifica la solicitud de sobreseimiento.
Expectativas en la fiscal adjunta y cuestionamientos al fiscal de la causa
La familia de la víctima manifestó su expectativa de que la fiscal adjunta actúe conforme a lo establecido en el artículo 54 del Código Procesal Penal, que obliga al Ministerio Público a conducirse con objetividad en la investigación.
En contraste, otra vez cuestionaron la actuación del fiscal Rivas, considerando que su solicitud de sobreseimiento no se ajusta a los elementos de prueba que obran en la causa. Por ello, esperan que la Fiscalía General realice una evaluación exhaustiva y que, en caso de existir méritos suficientes, se avance con la acusación para llevar al imputado a juicio.
La resolución judicial establece que la Fiscalía General del Estado debe revisar el expediente, y además impone las costas en el orden causado. Asimismo, se ordenó la anotación, registro y notificación de la resolución, así como la elevación de una copia a la Corte Suprema de Justicia.
Con este paso, el futuro del proceso queda en manos de la Fiscalía General, que tendrá la responsabilidad de definir si el caso sigue su curso en la justicia o si se ratifica la postura del fiscal de primera instancia.
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