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lunes, 23 de diciembre de 2024
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Viceministro explica alcance del decreto de seguridad penitenciaria

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó un decreto que amplía por un año más la emergencia de seguridad penitenciaria en todos los establecimientos del país. Este régimen especial, establecido desde 2019, tiene como principal objetivo fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario mediante la implementación de medidas excepcionales que incluyen mejoras en infraestructura, tecnología y contratación de personal.

Al respecto, el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, explicó a la 780 AM, que esta ampliación permite a las autoridades reaccionar con mayor celeridad frente a las necesidades del sistema, evitando dilaciones en procesos como licitaciones o compras esenciales. Además, el decreto ratifica el respaldo de las fuerzas públicas para el control de las penitenciarías, un factor clave para prevenir fugas y garantizar el orden interno en los centros de reclusión.

Faltan agentes para una completa seguridad penitenciaria

Benítez destacó que, pese a los avances, aún no se alcanza el número ideal de agentes penitenciarios, lo que representa un desafío constante. «La ley nos da fortaleza para mantener el control y la seguridad en un sistema que todavía enfrenta carencias», afirmó.

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Con la llegada de las fiestas de fin de año, las autoridades intensifican la vigilancia en las cárceles, donde las tensiones suelen aumentar entre las personas privadas de libertad. El viceministro mencionó que este período exige una atención especial, pues se incrementan los intentos de fuga y otras actividades ilícitas.

En paralelo, se busca mantener la normalidad para los familiares de los reclusos. Durante Navidad y Año Nuevo, los horarios de visita seguirán sin alteraciones, en un esfuerzo por equilibrar el derecho a la visita con las estrictas medidas de seguridad.

Finalmente, afirmó que el gobierno reafirma su compromiso con la implementación de un modelo penitenciario más seguro, mientras se enfrenta al desafío de garantizar el control estatal sobre las cárceles, en un contexto que exige soluciones urgentes y sostenibles.

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