La jueza Silvana Luraghi, secretaria ejecutiva de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, presentó detalles del plan piloto para implementar tobilleras electrónicas en Paraguay. Este dispositivo se aplicará inicialmente en la Circunscripción Judicial de Capital y se usará en casos de arresto y prisión domiciliaria, así como en situaciones de violencia familiar.
La magistrada explicó a la 780 AM, que el arresto domiciliario corresponde a personas que no han sido condenadas, mientras que la prisión domiciliaria es para quienes ya cuentan con una sentencia firme.
El sistema electrónico que se implementará busca mejorar la seguridad y asegurar el cumplimiento de las medidas de alejamiento, protegiendo a las víctimas mediante un monitoreo en tiempo real. Las víctimas también podrán recibir alertas en sus dispositivos móviles si el agresor viola las restricciones de proximidad. Además, la Dirección de Control y Vigilancia de Dispositivos Electrónicos (SINDEC), una unidad dependiente del Ministerio del Interior, supervisará el monitoreo. Esta unidad se encargará de controlar en tiempo real la ubicación de víctimas y agresores, lo que permitirá una intervención inmediata en caso de incumplimiento.
Sólo 100 tobilleras electrónicas
En esta primera etapa, se utilizarán 100 tobilleras, con planes de ampliación en 2025, conforme al presupuesto. La jueza Luraghi destacó que los imputados o condenados en situación de vulnerabilidad económica y con defensa pública recibirán las tobilleras de forma gratuita, mientras que aquellos con recursos y defensa privada deberán adquirirlas por su cuenta.
Este sistema representa un gran avance en el control de las órdenes de alejamiento, permitiendo una vigilancia efectiva que antes era difícil de realizar. La jueza lamentó que, actualmente, la policía carezca de recursos suficientes para supervisar cada caso, dejando a muchas víctimas en riesgo. Con esta tecnología, se espera reducir el peligro para las víctimas y lograr una supervisión constante y efectiva.
Finalmente remarcó que este cambio, marca un progreso en el sistema penal paraguayo, que no solo apunta a reducir el hacinamiento en las cárceles, sino también a ofrecer una mayor protección a las víctimas de violencia, especialmente en casos de violencia intrafamiliar.
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