El fiscal Manuel Rojas Rodríguez acusó a siete personas, entre ellas el exdirector de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo, y el excoordinador general, Francisco Javier Ramírez Torres. Ambos están vinculados a una organización criminal que introducía drogas y bebidas alcohólicas al penal.
Además de los exfuncionarios, los transportistas Leonardo Araujo Viera y Jorge Darío Mendoza Penayo también fueron acusados. Supuestamente, se encargaban de llevar las sustancias prohibidas hasta la prisión. El grupo también incluía a los reclusos Ali Issa Chamas, Ali Fouani y el brasileño Diego Pedro Barcik, quienes habrían participado en la organización para adquirir, distribuir y comercializar los productos ilegales.
Según la investigación, Ali Chamas lideraba la banda, con Ali Fouani como coordinador de actividades y Diego Barcik a cargo de la logística. Los transportistas ocultaban las drogas y las bebidas en paquetes, que luego ingresaban al penal en una furgoneta autorizada por las autoridades penitenciarias.
El caso salió a la luz el 11 de diciembre de 2023, cuando agentes de la Policía Nacional interceptaron la furgoneta que ingresaba al penal. Aunque las autoridades penitenciarias impidieron la intervención inmediata, los involucrados ocultaron parte de las drogas en celdas «VIP».
En la madrugada del 12 de diciembre, el fiscal Manuel Rojas y la jueza Paola Nagele allanaron la prisión y decomisaron 4 kilos y 940 gramos de marihuana, además de bebidas alcohólicas. Todos los involucrados fueron detenidos.
El fiscal Rojas solicitó juicio oral para el exdirector de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este y de los demás los acusado.
Además pidió el sobreseimiento del guardiacárcel Héctor Mendoza Báez, al comprobarse su falta de participación.
El requerimiento fue presentado ante la magistrada Teresita Cazal.
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