En juicio oral realizado en Ciudad del Este, un Tribunal condenó al contador, Adrián Benítez Espínola, a 3 años de pena privativa de libertad, por ser culpable de la producción de documentos no auténticos y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Benítez llevaba la contabilidad de la firma Ali Import-Export, en la capital de Alto Paraná, y fue procesado por haber causado un perjuicio de 6 mil millones de guaraníes a la citada empresa que le confió dicha labor.
El fiscal, Alcides Giménez Zorrilla, que estuvo a cargo de la investigación, informó que el imputado presentaba facturas apócrifas a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para quedarse con el dinero de la empresa.
La Fiscalía informó que durante los ejercicios correspondientes a los años 2015 y 2016, Benítez Espínola introdujo en la contabilidad de Ali Import-Export facturas supuestamente emitidas por los siguientes contribuyentes: Fabián Saúl Benítez Gómez, Liza Raquel Quiñónez de Piñánez, Arnaldo Pereira Sosa, José Sidinei Kemmerich Ferreira, Gladys Inocencia Usher, Fátima Isabel Talavera Chamorro, Dionicio González Gutiérrez, Gilda Catalina Acuña de Domínguez, Herógenes Vera y Tomás López Guerrero.
Sin embargo, todos ellos confirmaron posteriormente ante la SET que nunca mantuvieron relaciones comerciales con López. Los delitos cometidos por Benítez Espínola se descubrieron luego de una fiscalización realizada por la SET a la empresa Ali Import-Export y que constató la defraudación fiscal.
Sigue diciendo el informe de la Fiscalía que la víctima, tras recibir la notificación sobre las irregularidades cometidas, descubrió la existencia de un correo electrónico paralelo utilizado exclusivamente por el contador y que a través del cual realizaba las presentaciones de la empresa y recibía todas las notificaciones provenientes del Ministerio de Hacienda. A raíz de esta situación, el empresario formuló la denuncia ante el Ministerio Público.
En consecuencia, la Fiscalía había allanado el estudio contable del sospechoso, ubicado en el quinto piso del edificio Urundey, en el centro de Ciudad del Este. Una comitiva fiscal-policial se incautó del lugar una gran cantidad de facturas, libros contables, equipos informáticos y otras evidencias relacionadas con los hechos punibles.
Posteriormente, se inició el proceso penal contra Adrián Benítez Espínola, que finalmente derivó en su condena a 3 años de prisión.
