La tercera sesión ordinaria del año en la Corte Suprema de Justicia de Colombia enfrenta una tensión palpable y medidas de seguridad reforzadas tras el bloqueo de manifestantes el pasado 8 de febrero. La votación para elegir al nuevo fiscal ha elevado las tensiones, con intervenciones de la CIDH y la ONU. El alcalde de Bogotá ha desplegado 1,400 policías y medidas preventivas. La Corte, ante presiones externas, busca un proceso tranquilo, mientras la posibilidad de aplazar la elección se mantiene en consideración.
Esta nueva sesión ordinaria, la tercera del año, se realizará en medio de fuertes medidas de seguridad, después de que se solicitó reforzar las zonas aledañas al Palacio de Justicia para evitar que se repita lo ocurrido el pasado 8 de febrero, cuando un grupo de manifestantes bloqueó los accesos de la sede de las altas cortes, ante la no elección del reemplazo de Francisco Barbosa. Los medios de prensa colombianos resaltan la tensión que se ha generado en torno a esta votación.
Considerando la situación y los posibles acontecimientos, el alto tribunal aceptó la acción y, como medida provisional, ordenó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que tome las acciones necesarias para fortalecer la seguridad del Palacio y sus alrededores.
En cumplimiento de las órdenes, la Alcaldía de Bogotá dispuso la presencia de 1.400 uniformados de la Policía Metropolitana en el centro de la ciudad, apoyo aéreo y cierres preventivos en las zonas aledañas al Palacio de Justicia y sus alrededores; así mismo, se instalará un puesto de mando unificado (PMU) para articular las acciones de entidades como las secretarías de Gobierno, de Seguridad, y de la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital, entre otras.
El proceso para elegir a la fiscal –de la terna conformada por Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra– ha elevado las tensiones en los últimos días, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia le solicitaron a la Corte Suprema que acelere el proceso.
Estas posturas han sido calificadas por varios sectores como “injerencias indebidas”, pues consideran “suficiente” la presión interna que hay en el proceso, como para que ahora los organismos busquen “atizar el fuego”.
Aunque la Corte Suprema no se pronunció ante lo manifestado por las organizaciones, en una reciente rueda de prensa el presidente de la corporación, magistrado Gerson Chaverra Castro, hizo referencia a las presiones que se vienen dando y señaló que “la Corte lo que espera es que se den las condiciones” para que los 23 magistrados puedan adelantar la sesión de una manera “tranquila, pacífica y armónica” para que se les permita a los togados adelantar su trabajo.
En esa misma intervención, el magistrado se refirió al mensaje del presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas, de aplazar la elección si se registran nuevos hechos de violencia. “La Corte es un organismo y una corporación autónoma y soberana y será la Corte Suprema de Justicia, en el marco de su Sala Plena, la que analice las circunstancias del momento y a partir de ese análisis directamente la Corte Suprema adoptará la decisión correspondiente”, dijo.
El presidente de la Corte manifestó que la elección de la nueva cabeza de la Fiscalía saldrá de la terna que envió el Presidente; de hecho, las ternadas fueron vistas en las últimas semanas visitando los despachos de magistrados para ampliar sus presentaciones. Si en la sesión convocada para este jueves ninguna de las ternadas por el presidente Gustavo Petro alcanza la mayoría calificada (16 de los 23 votos), la votación quedaría para la siguiente Sala Plena de la corporación, cuya realización está prevista para el próximo 7 de marzo.
