Pese a que Brasil confirmó que canceló la operación de espionaje contra nuestro país, la cual lanzó en junio de 2022 durante el mandato de Jair Bolsonaro. El gobierno canceló la operación recién el 27 de marzo de 2023, casi tres meses después de que el presidente asumió el 1 de enero de ese año.
El director interino de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) del gobierno de Lula, Saulo de Cunha Moura, tomó la decisión de detener la operación tras una revisión interna que reveló su existencia, según datos que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil recabó y confirmó.
Sin embargo, el hecho de que la cancelación se realizara meses después del cambio de administración genera dudas sobre el tiempo que tardó el nuevo gobierno en detectar y desactivar la actividad clandestina, que golpea también a Luiz Inácio Lula da Silva con la misma fuerza que su antecesor.
Silencio de las autoridades brasileñas sobre escándalo de espionaje
La falta de detalles sobre cómo se ejecutó esta cancelación añade incertidumbre al proceso. Hasta ahora, las autoridades no han informado si desactivaron los servidores en Chile y Panamá, ni si eliminaron los datos obtenidos o si estos continúan en manos de autoridades brasileñas.
Esta omisión inquieta a nuestro país, donde los analistas sostienen que la demora en interrumpir la operación indica dificultades para reestructurar la ABIN, una agencia que el gobierno de Bolsonaro moldeó bajo su influencia.
La cancelación parece haber sido una medida reactiva más que una iniciativa preventiva, ya que la operación continuó activa hasta que el escándalo estaba a punto de salir a la luz.
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Investigaciones de la Policía Federal sobre el espionaje
Paralelamente, la Policía Federal de Brasil abrió una investigación para determinar la legalidad y el alcance de la operación de espionaje.
La fuerza policial de todos los estados del Brasil, busca esclarecer si la autorización de la operación en 2022 violó leyes brasileñas o tratados internacionales, quiénes fueron los responsables dentro de la ABIN y si los datos obtenidos fueron utilizados para beneficiar a Brasil en detrimento de Paraguay, particularmente en las negociaciones sobre la represa de Itaipú.
El uso del software Cobalt Strike para infiltraciones cibernéticas ha generado preocupaciones adicionales, ya que, aunque es una herramienta legítima de ciberseguridad, puede ser empleada con fines maliciosos. Hasta el momento, las investigaciones no ha dado resultados concretos en términos de detenciones o revelaciones clave, lo que sugiere que la investigación aún se encuentra en una fase preliminar o que se maneja con extrema discreción debido a la delicada situación política.
Rencillas internas entre Lula y Bolsonaro
El contexto político en Brasil también influye en el curso de la investigación. Lula da Silva ha tratado de distanciarse de la gestión de Bolsonaro, mientras la oposición lo acusa de no haber actuado con mayor celeridad para detectar la operación de espionaje.
La Policía Federal, aunque con autonomía relativa, podría ver su labor obstaculizada por estas tensiones internas. La falta de claridad sobre el destino de los datos recolectados también abre la posibilidad de que Paraguay exija acciones legales más contundentes, lo que complicaría aún más la situación diplomática.
La respuesta paraguaya aún no se da de parte de Brasil
Por su parte, Paraguay respondido con firmeza. Nuestro gobierno convocó al embajador brasileño en Asunción, llamó a consultas a su propio representante en Brasilia y suspendió las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú.
Estas medidas ejercieron presión sobre el gobierno de Lula, que hasta ahora ha evitado adoptar acciones unilaterales que pudieran agravar el conflicto. En su discurso, Brasil ha intentado suavizar la situación apelando a la “estrecha relación histórica” con Paraguay y al vínculo estratégico dentro del Mercosur.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido una disculpa formal por parte del presidente Lula ni se ha anunciado una reunión de alto nivel para discutir el tema.
Algunos analistas, tando paraguayos como brasileños, especulan con la posibilidad de que Brasil esté evaluando medidas compensatorias para mitigar el impacto del escándalo, como una cooperación técnica en materia de ciberseguridad.
No obstante, hasta el día de hoy -miércoles-, no hay señales concretas de esta opción. La postura diplomática brasileña parece estar más enfocada en contener el daño que en resolver activamente el conflicto, lo que podría prolongar la tensión entre ambos países en los próximos meses.
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