El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció en este año nuevo, que junto con los gobernadores, pedirán el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de su país, Horacio Rosatti (foto Radio Mitre). La guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se originó con el fallo de la Corte a favor de la transferencia de fondos para el Gobierno de Buenos Aires que Fernández tenía previsto usar en otros rubros. Fernández ya había adelantado que no cumplirá el fallo y provocó tensión entre los dos poderes.
Según Fernández, hay audios que revelan que hay negociado entre la oposición y la autoridad judicial para la transferencia de fondos. Dijo que con esas pruebas pedirá al Congreso que investigue la conducta de Rosatti. También los audios involucran a Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI, y Marcelo Violante, titular de Dakota, una empresa contratada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El fallo
La resolución de la Corte dice que el Estado Nacional de Argentina debe devolver al Gobierno de Buenos Aires (autónomo) el 2,95 por ciento de coparticipación, o sea 180 mil millones de pesos argentinos adicionales a los que recibía. Sin embargo, el presidente Fernández dijo que no acatará el fallo y ahora anuncia el pedido de juicio político.
La guerra política tiene tinte electoral. El oficialismo entiende que la Corte dictó un fallo político porque favoreció al adversario de Fernández (Horacio Rodríguez Larreta) justo en puertas de una campaña electoral por la Presidencia de la República.
Fernández quiere el dinero (que ahora está en disputa) para otorgar aumento a los policías, pero la Corte ordenó que transfiera al Gobierno autónomo de Buenos Aires. Es manejo de presupuesto, pero en el fondo, es manejo de política electoral también, porque la oposición está jugando su partido para el futuro.
La protesta
Fernández y los gobernadores firmaron un comunicado en el cual explican sus razones: «En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe».
Agregan que «de manera insólita» la Corte dice que «transferir estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación», dicen los oficialistas.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (opositor de Fernández) acusa al presidente Fernández de romper el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho en la Argentina. «Esto es de altísima gravedad para nuestro país y pone en riesgo las bases de nuestra democracia. El presidente de la Nación decidió no acatar un fallo de la Corte Suprema. Gravísimo», dijo Rodríguez Larreta.
