En un paso sin precedentes en la historia administrativa de Paraguay, se proyecta una ley destinada a erradicar los privilegios en la función pública: la Ley del Servicio Civil. Este avance legislativo, que promete establecer un marco más justo y equitativo para todos los funcionarios públicos, ha generado una fuerte reacción por parte del sector docente, que ha decidido ir a un paro de dos días, a pesar de que la normativa aún no ha sido debatida ni dictaminada en comisión.
El gremio docente, siempre admirado y respetado por su ardua labor en pro de la educación, ha optado por una medida drástica e inoportuna. Su decisión de paralizar actividades apenas dos días antes del inicio de las vacaciones de invierno, no sólo priva a los estudiantes de clases valiosas, sino que también extiende de manera artificiosa el receso invernal, perjudicando así a quienes deberían ser su principal preocupación: los alumnos. En un contexto donde las evaluaciones de la formación estudiantil ya arrojan resultados preocupantes, perder dos días de instrucción es un lujo que no nos podemos permitir.
El conflicto radica en la solicitud de los docentes de ser excluidos de la futura Ley del Servicio Civil a pesar de las aclaraciones del senador Derlis Maidana y otros miembros de la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados. Maidana explicó que el proyecto de ley aún no ha sido debatido ni tiene una versión final, y que cualquier decisión será consensuada con el Ministerio de Economía y Finanzas para evitar afectar derechos adquiridos. Aun así, los docentes insisten en su demanda y mantienen su postura de huelga.
La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Los maestros juegan un rol esencial en la formación de las futuras generaciones, y es comprensible que busquen proteger sus derechos. No obstante, las medidas extremas deben ser el último recurso, no el primero. La racionalidad y el diálogo deben prevalecer en este debate, asegurando que cualquier reforma legislativa se implemente de manera justa y equitativa. Pero, en definitiva la excusa de una lucha sindical no debe sacrificar la calidad educativa ni el futuro de nuestros estudiantes.
