El caso de los Panamá Papers, una filtración masiva de documentos confidenciales en 2016, tuvo un impacto global y no dejó a Paraguay indiferente. Algunos medios locales replicaron con entusiasmo la información filtrada, presentándola como un gran logro del periodismo de investigación. Sin embargo, al examinar más de cerca la situación, surgen interrogantes sobre la profundidad y la rigurosidad de la investigación periodística realizada.
En primer lugar, hay que recordar que los Panamá Papers no fueron producto de una investigación original de los medios, sino de una filtración de información obtenida de manera ilícita. El enfoque mediático se centró principalmente en los nombres implicados y las cantidades de dinero involucradas, sin considerar adecuadamente el contexto y la legalidad de las estructuras financieras mencionadas. Esto condujo a una narrativa simplista y sensacionalista que buscaba capturar la atención del público, más que ofrecer un análisis profundo y equilibrado de los hechos.
La debilidad principal de la investigación radicó en su falta de solidez probatoria. El pasado 28 de junio, un tribunal de Panamá absolvió a los 28 imputados por este caso, basado en algunos criterios como la no confiabilidad de la cadena de prueba y que las acusaciones se basaban en documentos cuya autenticidad y contexto no pudieron ser verificados de manera concluyente. En un sistema judicial, la validez de la prueba es fundamental, y en este caso, las pruebas presentadas no fueron suficientes para sostener las acusaciones.
Todo lo anterior debe movernos a reflexionar sobre la responsabilidad periodística en este tipo de casos. El periodismo tiene la tarea elemental de informar al público con veracidad, honestidad y equilibrio, evitando caer en la tentación de la espectacularización de las noticias. La ética periodística demanda no solo una rigurosa verificación de los hechos antes de publicarlos, sino también un seguimiento responsable de los casos reportados. En el caso de los Panamá Papers, se observa una omisión, recurrente lamentablemente en nuestra prensa caracterizada por su afán tiroteador: cuando los acusados fueron absueltos, los medios que difundieron “la investigación” no le dieron la misma relevancia a la noticia de la absolución que a la del escándalo inicial.
La decencia y la ética periodística requieren que, así como se publican acusaciones y se destacan presuntos escándalos, se debe informar con igual énfasis sobre la inocencia de las personas cuando se demuestre. De hecho nuestra misma Constitución establece que “Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios”. Este principio es fundamental para mantener la confianza del público en los medios de comunicación, confianza degradada en los últimos tiempos precisamente por la pérdida de los valores ético y de decencia en el periodismo.
El caso de los Panamá Papers nos deja valiosas lecciones sobre la importancia de un periodismo responsable y ético. La rapidez por publicar y la búsqueda de escándalos no deben sacrificar la precisión y la justicia. En una sociedad cada vez más confusa, más que nunca se necesita que el periodismo sea criterioso, que apunte a la búsqueda de la verdad y a la construcción de una sociedad más justa, pero que por sobre todo apunte también a recuperar la confianza ciudadana, en el noble oficio de informar.
