Los últimos operativos realizados en el departamento de Canindeyú, que culminaron con la destrucción de extensas plantaciones de marihuana, confirman lo que en este espacio hemos venido advirtiendo desde hace tiempo: esta región del país se ha convertido en un enclave de la criminalidad. Durante años, organizaciones delictivas han consolidado su dominio en la zona, transformándola en un territorio liberado donde imperan la violencia y el narcotráfico.
El operativo Regresión, en su segunda fase, revela la magnitud del problema. En los distritos de Corpus Christi y Yby Pytá, las fuerzas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la FTC-CODI y el Ministerio Público destruyeron más de 40 hectáreas de marihuana. Estas acciones dejaron en evidencia la extensión de los cultivos ilegales, y al mismo tiempo la presencia de estructuras criminales afianzadas, encabezadas por figuras como Felipe Acosta, alias “Macho”.
“Macho”, un criminal conocido por su arrogancia y violencia, representa el rostro visible de un problema mucho mayor. Sus repetidos actos de humillación contra las fuerzas de seguridad no son solo un desafío a la autoridad, sino un síntoma del descontrol que reina en Canindeyú. Este descontrol no es casualidad; es el resultado de años de complicidad y negligencia por parte de autoridades regionales y nacionales.
Es inadmisible que funcionarios públicos, cuyo deber es proteger y servir a la ciudadanía, hayan permitido que esta situación de anarquía se perpetúe. La inacción y, en muchos casos, la colaboración con las organizaciones criminales han convertido a Canindeyú en una zona de guerra, afectando gravemente la tranquilidad y seguridad de sus habitantes.
Los responsables de esta complicidad no pueden quedar impunes. Deben ser identificados y sancionados los funcionarios que facilitaron estas actividades ilícitas. Solo así se podrá comenzar a restaurar el orden y la confianza en las instituciones.
El costo de esta lucha es enorme. Se están destinando fuerzas y recursos para combatir un problema que se ha dejado crecer por demasiado tiempo. Pero el precio más alto lo paga la población, que vive en constante miedo y desasosiego. No podemos permitir que quienes facilitaron este caos continúen tranquilos en sus hogares. Si los responsables quedan impunes, las zonas liberadas seguirán existiendo y, con ellas, la amenaza a la seguridad y estabilidad de todo el país.
