La libertad de expresión constituye el pilar fundamental sobre el cual se edifica una sociedad verdaderamente democrática. En una sociedad abierta todos los ciudadanos pueden expresar sus opiniones libremente, sin temor a represalias o sanciones. Este derecho, esencial para la construcción y el fortalecimiento de la democracia, se ve amenazado en Paraguay, donde un estudio divulgado en las últimas semanas revela una preocupante realidad para los periodistas.
Un informe realizado por la Mesa de Seguridad para Periodistas y la Universidad Católica revela datos alarmantes: una gran mayoría de los periodistas encuestados ha recurrido a la autocensura para protegerse de los ataques derivados de sus publicaciones e investigaciones. Las denuncias judiciales y las intimidaciones se han convertido en herramientas para silenciar a periodistas y medios de comunicación, poniendo en peligro nuestra democracia.
El anterior gobierno de Mario Abdo Benítez ofrece un ejemplo lamentable de estas prácticas. Durante su administración, se utilizaron las instituciones del Estado para someter a los medios de comunicación a través de la publicidad estatal y se intimidó a otros mediante intervenciones a empresas relacionadas, a lo que sumó también la difusión de informaciones sensibles y tergiversada, buscando acallar las críticas. Estas acciones nefastas erosionan la institucionalidad de la República y la libertad de prensa.
Preocupa también que desde el mismo periodismo y los medios de comunicación se haya avalado aquellas prácticas perniciosas, respondiendo a intereses particulares y de grupos. Esta complicidad no solo desacredita a la profesión, sino que también debilita el ejercicio del periodismo y la defensa de los valores democráticos, los cuales deben prevalecer por encima de cualquier interés circunstancial o particular.
El estudio «Periodismo libre y seguro para la Democracia», que encuestó a 200 periodistas entre febrero y marzo de 2024, muestra un panorama desolador: cerca del 60% de los periodistas reconoció haber sido víctima de amenazas, y más del 50% experimentó algún tipo de violencia. Además, el 51% admitió haber practicado la autocensura. Las mujeres periodistas son especialmente vulnerables, con un 70% reportando haber sufrido violencia. La intimidación digital afecta al 61.5% de los profesionales, seguida de la difamación (54.5%) y el ciberacoso (48%).
Es urgente que se tomen medidas concretas para proteger la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas y el ejercicio del periodismo en Paraguay. Al mismo tiempo, desde los medios de comunicación y los gremios periodísticos también se deben redoblar esfuerzos para aunar voces cuando a través de las instituciones del Estado se pretende acallar a un medio de comunicación y a sus periodistas. Solo así podremos garantizar una democracia robusta y saludable, donde el derecho a la información y la opinión libre sean respetados y defendidos por todos.
