La polémica en Ciudad del Este, generada por el intento de regulación de las plataformas de viajes, puso una vez más en evidencia la confrontación entre taxistas y conductores de aplicaciones. Esta disputa, que podría denominarse una pelea entre necesitados, refleja la falta de visión de los concejales locales. En lugar de buscar una regulación que eleve los estándares del sector, optan por medidas que perjudican a los conductores, quienes recurren a esta actividad para aliviar sus problemas económicos, exponiéndose diariamente a riesgos y desgaste de sus vehículos.
En medio de este contexto, se presenta un nuevo proyecto de ley en el Congreso, impulsado por el diputado Rodrigo Blanco (PLRA). Este proyecto apunta a garantizar mayores derechos tanto para conductores como para usuarios de estas plataformas. Lo innovador de esta iniciativa es que busca regular no solo a los conductores, sino también a las firmas transnacionales que operan detrás de estas aplicaciones, las cuales se benefician continuamente del trabajo de los conductores paraguayos sin asumir ninguna responsabilidad social hacia ellos.
El proyecto de ley propone la inclusión de los conductores en el sistema de seguro social y jubilación, beneficios ya contemplados en nuestra legislación pero que, hasta ahora, no se aplican a quienes trabajan para plataformas digitales. Además, se exige que estas empresas tengan una oficina física en el país y cumplan con regulaciones de seguridad de datos y transparencia en su operación.
Ahora, solo resta el compromiso de los parlamentarios paraguayos. Es necesario que, así como se da celeridad a ciertos proyectos de ley, se otorgue prioridad a este tema preocupante. Miles de paraguayos dependen de estas plataformas como una salida laboral y económica, pero lo hacen en condiciones de vulnerabilidad y desprotección. Establecer un marco regulatorio claro no solo protegerá a todos los involucrados, sino que también mejorará la calidad del servicio ofrecido por las plataformas digitales en Paraguay.
