El proyecto de Ley de la Función Pública y la carrera del servicio civil, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, podría marcar un punto de inflexión en la historia administrativa de nuestro país. Esta iniciativa busca transformar la función pública en un servicio eficiente y orientado al ciudadano contribuyente, un concepto que hasta ahora ha sido más aspiración que realidad en el país.
Históricamente, la atención al ciudadano en las instituciones gubernamentales ha sido precaria y deficiente, reflejando una desconexión entre la teoría del servicio público y su práctica cotidiana. Las instituciones se han convertido en feudos familiares donde clanes perpetúan el clientelismo y el amiguismo, afectando gravemente la calidad del servicio ofrecido. La propuesta de ley, al limitar la designación sin concurso de asesores por parte de funcionarios públicos en cargos políticos, apunta directamente a este problema estructural.
La reforma, sin embargo, no debe verse únicamente como un conjunto de disposiciones legales, sino como un esfuerzo por profesionalizar la carrera del servicio civil. Esto es esencial para construir un capital humano capaz de diseñar e implementar políticas públicas de calidad. La clave del éxito de esta reforma radica en su implementación efectiva, que deberá enfrentar resistencias y desafíos asegurados, porque apunta a eliminar los círculos privilegiados en la estructura del Estado.
El proyecto de ley incluye disposiciones generales aplicables a todas las instituciones públicas incluidas en el Presupuesto General de la Nación y disposiciones especiales para regular la carrera del servicio civil. Entre las medidas propuestas, destaca la autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas para aplicar la normativa en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, que concentra más del 70% de los funcionarios públicos.
Uno de los aspectos elementales del proyecto es la evaluación de desempeño, que será obligatoria para todos los funcionarios públicos tras un periodo de prueba de seis meses. Esta medida es fundamental para promover la meritocracia, pero su éxito dependerá de la creación de un sistema de evaluación exigente y sobre todo transparente.
La estabilidad laboral, contemplada en la Ley N° 1626/2000, también es un tema central. Actualmente, los funcionarios públicos alcanzan la estabilidad tras dos años de servicio ininterrumpido, un periodo que el nuevo proyecto propone extender a cuatro años. Esta extensión busca equilibrar la estabilidad laboral en el sector público con la del sector privado y asegurar que solo los empleados más capacitados y comprometidos permanezcan en sus cargos.
Sin embargo, la aprobación de esta ley es solo el primer paso. Para que la reforma tenga un impacto real, es necesario un compromiso político firme y una capacidad institucional adecuada para su implementación. La voluntad política del Poder Judicial, el Poder Legislativo y las municipalidades será determinante para adoptar y cumplir con las disposiciones propuestas.
La crisis actual de la función pública en Paraguay es, en gran medida, una crisis de valores y ética, más que una cuestión de formulación de una ley. Combatir los círculos de privilegiados y garantizar la transparencia en los procesos de selección son desafíos que requieren, además de cambios legales, un cambio cultural profundo. En Paraguay estamos acostumbrados, lamentablemente, a contar con leyes excepcionales que quedan como letra muerta. Corresponde ahora esperar que esta ley se concrete y, sobre todo, que sea puesta en práctica.
