La propuesta de prorrogar los mandatos de intendentes y concejales municipales hasta el 2028, bajo el pretexto de economizar recursos y hacer coincidir las elecciones municipales con las generales, constituye una afrenta a la democracia y a la voluntad popular. Esta iniciativa, lejos de ser un acto de eficiencia administrativa, es una excusa para perpetuar en el poder a autoridades que han demostrado, en muchos casos, una falta de productividad y compromiso con sus comunidades.
Durante las últimas elecciones, el electorado ya experimentó la complejidad de la modalidad de listas desbloqueadas, enfrentándose a un número abrumador de cargos en disputa. Incluir aún más cargos en las próximas elecciones no haría sino aumentar la confusión y el desconcierto entre los votantes, sometiéndolos a un laberinto de nombres y cargos que resultaría impracticable. Este argumento de la eficiencia y la economía de recursos no resiste un análisis serio y parece diseñado para disfrazar intenciones menos nobles.
Afortunadamente, existen voces sensatas dentro de diferentes partidos políticos, tanto oficialistas como opositores, que han expresado su rechazo a esta absurda pretensión de extender los mandatos municipales. La realidad es que muchos concejales y intendentes con serias denuncias de corrupción y mala gestión están buscando beneficiarse de esta prórroga.
Casos emblemáticos como el de Carlos Echeverría, intendente de Luque, imputado tras el trágico accidente que costó la vida a una madre y su hija, o el de Guido González, intendente de Lambaré, también imputado por homicidio culposo tras la muerte de dos militares arrastrados por los raudales, ilustran la irresponsabilidad y la negligencia de algunas administraciones municipales. Ambos incidentes, ocurridos por la falta de infraestructuras mínimas de seguridad, reflejan la ineficiencia y el gasto superfluo en desmedro de inversiones necesarias para el bienestar ciudadano.
Son apenas dos casos más emblemáticos, pero si nos pusiéramos a analizar existen escasas administraciones municipales que pueden demostrar ante la ciudadanía una gestión eficiente, en aspectos elementales del manejo de sus respectivos distritos.
El rechazo a esta propuesta debe ser firme y unánime. La democracia se fortalece con la renovación y la alternancia en el poder, no con la perpetuación de autoridades que han demostrado su ineficacia y, en muchos casos, su corrupción. Los ciudadanos merecen respeto a su voluntad y autoridades comprometidas con su bienestar, no un artificio legal que prolongue administraciones deficientes.
