La aprobación en la Cámara de Diputados de la modificación del artículo 173 del Código Penal, que eleva las penas por el robo de energía, es un gran paso para desalentar la criptominería ilegal en el país. Esta práctica, que ha proliferado como hongos en los últimos años, genera ganancias millonarias para los infractores mientras perjudica gravemente a la Ande y a los usuarios.
El problema radica en que estas granjas ilegales obtienen energía de manera gratuita, provocando una disminución de la tensión eléctrica que daña electrodomésticos y causa cortes de energía constantes. La modificación busca desalentar esta actividad delictiva, dado que la legislación actual, establece penas máximas de apenas dos años, resultando absolutamente ineficiente para combatir esta ilegalidad.
Las intervenciones realizadas hasta ahora han revelado la existencia de una red bien estructurada que parece estar protegida por dirigentes políticos, funcionarios de la ANDE y técnicos. Esta complicidad sugiere que las granjas no pueden ser montadas por cualquier persona y que quienes realizan las intervenciones conocen perfectamente a los responsables, pero optan por no actuar contundentemente. La ANDE nunca ha divulgado una lista de los propietarios de estas granjas y la justicia ha mostrado un avance casi nulo en sancionar a los responsables. Hasta la fecha, solo un caso ha llegado a condena, y con una pena insignificante.
La nueva legislación, que establece penas de entre dos y diez años de cárcel, junto con la incautación de los equipos utilizados, es un avance importante. Sin embargo, la verdadera prueba de su efectividad radica en la celeridad y la seriedad con la que el Senado trate estas modificaciones. Es fundamental que la ley sea promulgada cuanto antes para evitar que los delincuentes sigan beneficiándose de la laxitud legislativa actual. Además, es fundamental que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley actúen con transparencia y firmeza, persiguiendo no solo a los operadores de las granjas ilegales, sino también a aquellos que, desde las sombras, facilitan y protegen estas actividades ilícitas.
La aprobación de esta ley debe ser vista como una señal de la voluntad del Estado para combatir un delito que no solo afecta económicamente a la ANDE y a los usuarios, sino que también pone en riesgo la estabilidad y la seguridad del suministro eléctrico en el país. Los senadores tienen ahora la responsabilidad de asegurar que esta ley se promulgue y se implemente de manera efectiva. Solo así se podrá comenzar a desalentar una práctica delictiva que amenaza con enquistarse en nuestra sociedad.
