Hace meses, desde este mismo espacio, advertimos sobre la alarmante situación en el departamento de Canindeyú. Señalamos la necesidad imperiosa de rescatar esta región de la República, presa de las garras del narcotráfico que la ha convertido en una tierra liberada para el crimen. El ataque a un helicóptero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que resultó en dos militares heridos, es una prueba más del grave peligro que acecha a esta zona y subraya la urgencia de una acción contundente por parte del Estado.
Desde hace bastante tiempo, los medios de comunicación han estado difundiendo informes sobre un tal Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”, quien se ha erigido como un verdadero emperador en Canindeyú. Este individuo, escoltado por un ejército de sicarios, ha desafiado y humillado a las fuerzas de seguridad en múltiples ocasiones, instaurando un régimen de terror. Su osadía no solo socava la autoridad del Estado, sino que también perpetúa un clima de miedo y violencia que aterroriza a la población local.
La situación en Canindeyú ha escalado a tal punto que la presencia de conocidos traficantes y los enfrentamientos armados ya son la norma para los indefensos pobladores. Las ejecuciones y las disputas territoriales entre bandas criminales han sumido a los habitantes en un constante estado de temor. Es precisamente por estos motivos que el presidente Santiago Peña había ordenado el desplazamiento de la FTC a la región, con el objetivo de devolver la tranquilidad y la seguridad a la ciudadanía.
El ataque con potente armamento al helicóptero de la FTC en Colonia Brítez Cue no es un simple incidente aislado; es una clara demostración del poderío y la audacia de estos criminales. El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, ha confirmado que, aunque las heridas de los militares no son graves, la situación es sumamente delicada. Este atentado ha llevado a la decisión de reforzar la presencia militar en la zona, un paso necesario pero que debe ser parte de una estrategia integral y sostenida para erradicar el narcotráfico y restaurar el orden.
Recordemos que cuando el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) comenzó sus operaciones en San Pedro, se llevó a cabo una operación militar que logró barrer con su presencia en el segundo departamento. Es momento de considerar una acción similar en Canindeyú, no solo para demostrar que el Estado tiene el control del territorio, sino para asegurar a los ciudadanos que no están abandonados a su suerte a merced de los narcos.
Este ataque debe ser el punto de inflexión para una intervención más profunda y efectiva en Canindeyú. La prioridad debe ser devolver la paz y la legalidad a una región asolada por el crimen. Solo a través de una acción coordinada y decidida podremos arrancar este territorio de las garras del narcotráfico y devolver a sus habitantes la tranquilidad que tanto anhelan y merecen.
