En un acto celebrado en Mburuvicha Roga, el presidente Santiago Peña anunció un ambicioso plan de unificación de la Dirección General de los Registros Públicos y el Servicio Nacional de Catastro. Esta iniciativa, que representa un traspaso de competencias del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, es un paso trascendental y necesario para modernizar y agilizar los procesos administrativos en nuestro país.
La decisión del presidente Peña de ceder una dependencia tan crucial al Poder Judicial refleja una visión estratégica de gobernanza y eficiencia. Este cambio estructural promete reducir la burocracia, agilizar los trámites y mejorar la eficiencia del Estado, objetivos fundamentales en la administración pública moderna. Al unificar estas dos entidades, se busca una sinergia que facilitará la gestión de la propiedad inmueble y proporcionará una mayor certeza jurídica tanto a los propietarios como a los magistrados encargados de resolver disputas sobre tierras.
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la mejora de la seguridad jurídica. La claridad y precisión en la determinación de los límites de la propiedad son esenciales para cualquier sociedad que valore la estabilidad y la justicia. Como bien señaló el presidente Peña, la tecnología actual permite una georreferenciación precisa, eliminando ambigüedades que históricamente han causado conflictos y retrasos en la administración de justicia.
Además, esta medida continúa la línea de trabajo del gobierno de Peña, que ya ha dado grandes pasos hacia la unificación de dependencias con funciones similares. La creación del Ministerio de Economía y Finanzas, que absorbió la Dirección General de Aduanas y la Secretaría de Estado de Tributación, es un ejemplo reciente de esta tendencia. Estas acciones reflejan un enfoque coherente y decidido hacia la simplificación administrativa y la optimización de recursos.
El presidente Peña también elogió la labor de Lourdes González y la administración actual de Registros Públicos por su avance en la descentralización. Este reconocimiento realza la importancia de continuar con las políticas que permitan a los ciudadanos de las zonas más alejadas acceder a servicios públicos sin la necesidad de desplazarse a la capital, mejorando así la equidad y accesibilidad en la prestación de servicios. Ahora solo resta esperar el acompañamiento del Congreso para que la fusión se haga realidad.
