El sistema de transporte público en Paraguay es precario y deficiente. Esta no es una novedad, sino una realidad que ha persistido durante décadas. En este contexto, el usuario es siempre el eslabón más frágil, quien debe soportar la inoperancia y las prácticas abusivas de quienes administran el servicio.
Las unidades en mal estado, el elevado precio del pasaje y las constantes «reguladas» —reducción deliberada de la cantidad de unidades en circulación para presionar a usuarios y autoridades— forman parte de un chantaje sistemático de los empresarios del transporte. Utilizando el sufrimiento de los usuarios, estos presionan a las autoridades, perpetuando así la impunidad de ofrecer un servicio caro y deficiente.
Las negociaciones entre los transportitas y las autoridades del gobierno ya cuentan con varios capítulos, jalonados por amenazas de paro en sucesivas reuniones. Actualmente, los transportistas demandan el pago de subsidios atrasados, la actualización de coeficientes para el cálculo del precio del pasaje, el traspaso de los montos de subsidios a los pasajeros, la renovación de licencias para empresas que cumplen los requisitos y un reclamo por una supuesta manipulación del Gobierno, además de la necesidad de aumentar sus márgenes de ganancias.
Por su parte, el Gobierno sostiene que no hay fundamentos para una medida de fuerza, argumentando que la mayoría de estos puntos ya están siendo abordados en una mesa técnica y que el Estado se está poniendo al día con el pago de los subsidios por boletos.
Hoy, se convoca nuevamente a una reunión para intentar destrabar el paro previsto para el próximo 11 de junio. Hay una actitud optimista de las autoridades de que no habrá paro. No obstante, aunque se supere este inconveniente puntual, el verdadero problema no será resuelto. El servicio seguirá siendo precario y obsoleto, perpetuando el menoscabo de derechos ciudadanos, el insulto y la humillación a los pasajeros.
Esta es una realidad que venimos arrastrando históricamente en todas las administraciones gubernamentales. Solo cambian los personajes, pero el castigo al usuario sigue siendo el mismo. Estudiantes y trabajadores viven el calvario de las interminables esperas en horas de la noche, exponiéndose al peligro de la delincuencia.
En algún momento, una autoridad debe ponerle un punto final a este largo calvario. La mejora de este servicio es fundamental para la mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas. No podemos como sociedad discutir eternamente sobre un mismo problema sin ponerle un punto final. Existen ejemplos suficientes de ciudades y países que lograron tener un sistema eficiente, seguro y que respeta al usuario con un servicio de calidad.
La administración de Santiago Peña está demostrando firmeza ante esta nueva amenaza de los transportistas. Es una buena señalar para que finalmente se apunte a una solución satisfactoria y de fondo para responder a los cotidianos reclamos ciudadanos.
Necesitamos que las autoridades trabajen por el bienestar de la mayoría de la población, que se comprometan a asegurar el derecho del pueblo paraguayo a tener acceso a servicios públicos eficientes, a que se respete su dignidad y tengan calidad de vida. Es hora de dejar de jugar con la paciencia y la necesidad del pueblo, y transformar el calvario diario del transporte público en un servicio digno y eficiente para todos.
