La decisión del gobierno de Javier Milei de retirar el estatus de refugiado a los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), anunciada por su ministra de seguridad, Patricia Bullrich, devuelve un halo de esperanza en la relación entre Argentina y Paraguay, restaurando una afrenta cometida por la administración anterior de Alberto Fernández. Esta medida representa un acto de justicia y corrige una política que, durante años, transformó a Argentina en un refugio para criminales que aterrorizan a nuestra sociedad.
El EPP, una organización criminal responsable de secuestros, atentados y asesinatos, ha mantenido en vilo a la población paraguaya. Sus cabecillas no solo han evadido la justicia, sino que han utilizado a Argentina como un santuario para sus familias. Bajo la protección de un estatus de refugiados, adquirían nacionalidad argentina antes de regresar a Paraguay para continuar con sus actividades delictivas. Esta maniobra, además de facilitar la impunidad, insultó la memoria de las víctimas de sus crímenes.
El hecho de que estos criminales hayan encontrado protección en Argentina durante el gobierno de Fernández fue un duro golpe para los familiares de Félix Urbieta, Edelio Morínigo y el ex vicepresidente Óscar Denis, quienes aún claman por información sobre el paradero de sus seres queridos. La administración de Fernández, al otorgar asilo a los miembros del EPP, se convirtió en cómplice indirecta de sus atrocidades, ignorando el sufrimiento de las familias paraguayas afectadas.
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció con firmeza que su país no permitirá que terroristas se disfracen de refugiados políticos. En su visita a Asunción, Bullrich dejó claro que los miembros del EPP actualmente libres en Buenos Aires serán extraditados a Paraguay para enfrentar la justicia.
En abril pasado, habían sido capturados José Mariano Villalba Ayala y otros miembros del EPP, pero prontamente habían sido liberados debido a su estatus de refugiados. Aquel hecho había indignado a la sociedad paraguaya que clama justicia. Con el retiro de este estatus, se allana el camino para que la justicia paraguaya procese a estos delincuentes.
Ahora corresponde a nuestras autoridades judiciales activar todos los mecanismos legales para asegurar la extradición de los forajidos. Solo así podrán rendir cuentas por sus delitos y se podrá hacer justicia para las víctimas y sus familias.
La actitud de la administración Milei es un recordatorio de que la colaboración entre naciones es esencial para combatir el crimen transnacional y de que la justicia, aunque demorada, puede prevalecer.
