Esta confirmado que el Gobierno hace aproximadamente ocho días sabía la presencia del embajador de EE.UU, Marc Ostfield, a la sede gubernativa. Dicha circunstancia se aprovechó para la publicación que buscaba vincular al hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia con el extraditado Kassem Hijazi. Las esquirlas, en secuelas, tenían como objeto al propio titular de la CSJ y a la fiscala general del Estado, cuyo reemplazante es prioridad para el Gobierno. De acuerdo a nuestra fuente, la coincidencia entre la nota de prensa y la visita del funcionario norteamericano fue ideada por la asesora del presidente Abdo Benítez, la venezolana Verioska Velazco.
Falta confirmar cuál fue específicamente la intención de la jugada diseñada por la estratega del Palacio de Gobierno. Principalmente, sí fue bien pensada. Es que mirando desde lejos es posible asumir que fue una acción temeraria. Pues se colocó en el medio a una poderosa nación aliada, cuyo embajador llegaba hasta el mismo gobernante para comunicar que su país ofrecía una recompensa de US$ cinco millones por información que lleve a las personas que conspiraron para el asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
La publicación ese día de la visita, además de vincular a Amílcar Fretes con Hijazí, hablaba de un contrato de prestación de servicio y teléfonos celulares incautados al brasileño de origen libanes. Es decir, además de golpear al titular de la Corte Suprema de Justicia, el objetivo era también la fiscala general de Estado, quien debía ser acusada, según el plan, de ocultar información beneficiando así a elementos del crimen organizado. Sandra Quiñónez en cuatro años soportó tres juicios políticos alentados por la administración de Abdo Benítez.
Se sabe que todo acuerdo consta de dos partes, uno queda para el contratante y otro al contratado. Todo parece indicar que una de las copias quedó en poder de funcionarios afines al Gobierno. Siempre de acuerdo a nuestras fuentes, con la copia en mano y estando prevista en agenda la visita de Ostfield a la sede gubernativa, se coordinó con el medio colega abc Color la divulgación con contenidos y hechos referidos a los Fretes, Hijazi, el acuerdo que aparece repentinamente y celulares incautados cuyos contenidos se desconocen. El vocero elegido fue el senador Santacruz, miembro del Consejo de la Magistratura.
El Ministerio Público, oficialmente, ya aclaró que durante las requisas no se incautó el contrato de Hijazi. Incluso pidió informes sobre ese hecho al mencionado medio de prensa. Para más, el celular es parte de la investigación del crimen de Pecci y por ello está bajo control de especialistas y colaboradores extranjeros. Otro detalle que no fue bien masticado es que la extradición fue firmada por el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Así las cosas, el plan Verioska no logró su efecto ideal. Fue más bien una torpeza. Todo producto de su concentración mental electoral y en ese estado intentó sacar tajada de la visita del embajador Ostfield. Encima descuidó quién firmó la extradición y que los celulares requisados son de interés también de los EEUU por el caso Pecci. Tampoco tuvo en cuenta que el allanamiento a Hijazi fue en sede policial, institución a cargo del Gobierno. Como si todo fuera poco, ignoró que parte de la prensa y la ciudadanía saben que Abdo está obsesionado en sacar antes de las internas coloradas al nuevo fiscal general de Estado, pensando que pueda dar la mano cuando finalice su mandato.
Foto de Independiente.com.
