La disposición del presidente Santiago Peña de reforzar la seguridad en los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú responde a una realidad que ya hemos señalado en editoriales anteriores: la creciente fuerza del crimen organizado en el país y la urgente necesidad de reafirmar nuestra soberanía en algunas regiones. Los últimos acontecimientos violentos registrados en el sur del país que incluyeron el uso de armas de guerra y explosivos, son una muestra irrefutable de la magnitud del problema y de la capacidad logística y operativa que han alcanzado estos grupos delictivos.
El uso de las fuerzas militares en seguridad interna es una práctica que se implementa de hecho en varias partes del mundo. Varios países han reformado su legislación para permitir que las fuerzas militares contribuyan a respaldar a los organismos de seguridad. En nuestro país, la Constitución Nacional contempla esta posibilidad, pero todavía no existe una legislación específica que regule de manera clara y efectiva las actuaciones de los militares en este ámbito. Por ello es necesario que nuestros legisladores aborden esta nueva realidad y establezcan un marco legal que permita a las Fuerzas Armadas actuar con eficacia y dentro del Estado de Derecho.
Es innegable que la función fundamental de las Fuerzas Armadas es la defensa nacional y el resguardo de la soberanía territorial. Sin embargo, en un contexto mundial caracterizado por cambios disruptivos y amenazas asimétricas, no podemos dejar desguarnecida a la República. La seguridad interna es ahora una extensión de la seguridad nacional, y es imperativo que se genere un amplio debate sobre una mejor utilización de nuestras fuerzas militares, la asignación de nuevos roles y, sobre todo, la modernización y equipamiento de las Fuerzas Armadas.
El ministro de Defensa Oscar González, aclaró que esta disposición no es una militarización de los departamentos afectados. Los efectivos militares actuarán en un rol complementario, apoyando a la Policía Nacional y respondiendo de manera flexible a las necesidades de seguridad.
La movilización de las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad interna es una medida necesaria y justificada por las circunstancias excepcionales que enfrentamos. La defensa de la soberanía nacional y la seguridad de nuestros ciudadanos deben ser la prioridad absoluta, y para ello, necesitamos una respuesta integral y bien coordinada que incluya la modernización y equipamiento adecuado de nuestras fuerzas de seguridad.
